Este martes a las 9 horas comenzará el juicio contra la dueña de la empresa de transporte Polo, Mabel Tyempertyopolos, quien está acusada de homicidio culposo y lesiones culposas en perjuicio de alumnas y docentes del Colegio Santa María; y cuya requisitoria fiscal solicitó una pena de cuatro años y ocho meses de prisión y la inhabilitación por el término de diez años.
El Tribunal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Correccional y Contravencional N° 2 de San Luis, compuesto por los Dres. Hugo Guillermo Saá Petrino (presidente), Gustavo Adolfo Miranda Folch y José Luis Flores, será el encargado de llevar adelante el debate oral y público que se desarrollará en la Sala de Debates Nº 2, ubicada en el segundo piso del Poder Judicial.
Para mañana está prevista la declaración de cinco testigos: un colaborador y empleado de la empresa Polo; la representante legal del Colegio Santa María y una empleada de la institución educativa; y un testigo ofrecido por Jorge Sosa, abogado de una particular damnificada.
LAS PARTES
Marcos Juárez y José Samper serán los defensores de la empresaria, mientras que el Fiscal de Cámara será Fernando Rodríguez. Actuará además la Defensora de Menores interina Nº 1, Gabriela L´Huillier.
También estarán presentes 12 representantes de los particulares damnificados.
EL HECHO
Tyempertyopolos era la dueña del colectivo que fue embestido por un tren de la compañía América Latina Logística, que transportaba un convoy de carga con 44 vagones contenedores cargados con cal y cemento.
En el ómnibus viajaban 48 pasajeras, entre niñas, maestras y personal del colegio. El hecho, conocido como la Tragedia de Zanjitas, ocurrió el 2 de noviembre de 2011 en un paso a nivel de la ruta provincial Nº 3 y las vías del ferrocarril San Martín, y en el que murieron seis alumnas de quinto grado y dos profesoras.
La delegación viajaba a misionar a escuelas rurales del oeste provincial.
REPROGRAMACIÓN
La jornada de mañana es una reprogramación del juicio que se intentó llevar adelante el 1º de julio pero que, por razones de salud de la imputada, debió suspenderse.
En esa oportunidad, se celebró una audiencia donde el abogado defensor José Samper explicó que la empresaria debió ser internada en la Clínica Privada de Salud Mental “Phillipe Pinel”, de Río Cuarto, por un trastorno depresivo severo con ideas y plan suicida.
El único testigo que compareció ese día fue el médico psiquiatra Gonzalo Mayor quién había viajado hasta esa ciudad de Córdoba junto a la psicóloga Blanca Quiroga -ambos profesionales del Poder Judicial-, para constatar la internación de la imputada, acceder a su historia clínica y entrevistarse con ella.