El juez de Garantías N°4, Marcelo Bustamante Marone, dictaminó la implementación de un dispositivo dual en una causa en la que se investigan hechos de violencia ejercidos por un hombre contra su ex pareja. Al agresor, llamado Carlos Alberto Díaz, también se le ordenó que deberá firmar, una vez al mes durante 90 días, el Libro de Imputados de la Fiscalía N° 1 de la ciudad de San Luis.
Las medidas fueron emitidas en la audiencia de formulación de cargos que se desarrolló este miércoles en la Sala de Oralidad, ubicada en el primer subsuelo de Tribunales. Díaz está imputado por el delito de desobediencia de una orden judicial.
Dicha orden había sido impuesta por el Juzgado de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia N° 4, a cargo de Alejandra Ponce Navelino, y constaba de una medida de protección que le impedía al hombre acercarse a su ex pareja como así también establecer cualquier tipo de contacto por un plazo de seis meses.
La resolución de la jueza fue dispuesta luego de una denuncia que realizó la mujer el 31 de marzo de 2023 donde relató que Díaz, un día antes, se presentó en el domicilio de la damnificada con una navaja con intenciones de herirla y luego fue a la escuela de sus hijos a molestarlos. La medida de protección fue notificada a Díaz el 17 de abril del 2023 por personal de Comisaría Sexta. Sin embargo, el 18 de mayo la mujer volvió a denunciar que su ex continuaba con el asedio y el hostigamiento mediante llamadas telefónicas y mensajes, desobedeciendo la orden judicial.
El dispositivo consta de dos rastreadores: uno tipo celular, destinado a la persona en situación de violencia, y una tobillera para el agresor, que funcionan vinculados bajo el sistema de geo posicionamiento; y está destinado a personas en situación de violencia por razones de género con riesgo alto o altísimo (evaluación de riesgo por el Poder Judicial).
Las ubicaciones de la víctima y del agresor se supervisan de manera permanente desde el Sistema Inteligente de Seguridad Provincial (SISPRO) de la ciudad de San Luis, ubicado en el centro de la capital puntana.
Se establece una zona de advertencia que son a los 200 metros antes de los 500 dónde se le informa al agresor desde SISPRO que se está acercando a la zona de exclusión. Si el agresor viola e ingresa dentro del radio de 500 metros la policía tiene facultad para detener por desobediencia a una orden judicial y se formará otro expediente.