La Cámara Penal Nº 2 Residual de la Primera Circunscripción absolvió por el beneficio de la duda a Alejandro Leonel Sosa en la causa que investigaba el robo en un local de hamburguesas que funciona en el Shopping Center San Luis, ocurrido durante la madrugada del 3 de febrero de 2019. El acusado de 26 años también fue absuelto del delito de tenencia de armas porque el Fiscal de Juicio, Fernando Rodríguez, retiró la acusación. Sin embargo, fue condenado a dos años y seis meses de prisión por abuso de armas, la última de las tres causas acumuladas por las que había llegado a debate y por la que está privado de la libertad desde noviembre de 2021.
En los alegatos de clausura, la Fiscalía solicitó una condena de cinco años por los delitos de robo en poblado y en banda, en concurso ideal con el de robo con arma cuya aptitud para el disparo no ha sido probada (un hecho) y esto en concurso real (Art. 55 del CP) con el delito de abuso de armas (Art. 104 del CP).
El tribunal a cargo del debate estuvo a integrado por Hugo Guillermo Saa Petrino, Adriana Lucero Alfonso y Julio Fernando De Viana.
La defensa de Sosa, representada por Héctor Agüero, le pidió al tribunal la absolución lisa y llana del acusado. “No existen pruebas suficientes para acusarlo, solo indicios. Y respecto al abuso de armas, no hay más prueba que la denuncia de una persona que tenía enemistad de años con mi defendido”, dijo el abogado.
Sosa era el cuarto acusado en la causa por el robo al Burguer King junto a Javier Gómez, Lucas Amaya, Carlos López y Julio Arce. De acuerdo a la denuncia, el hecho sucedió cerca de las 2:45 de la madrugada del 3 febrero del 2019. Ese día, los empleados del local de hamburguesas culminaban su jornada laboral cuando cuatro personas armadas ingresaron al local a cara cubierta, redujeron a los empleados y se llevaron $9.000 y elementos personales de los trabajadores.
A Amaya le dictaron la falta de mérito y Gómez, en julio de 2022 y mediante juicio abreviado, fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión. Arce, por su parte, accedió en noviembre al beneficio de la suspensión de juicio a prueba y se le impuso el pago de una suma de dinero a abonarse en doce pagos y la obligación de realizar tareas comunitarias en una iglesia de la ciudad capital; mientras que López, que había solicitado mediante el Defensor Oficial el mismo beneficio, fue declarado en rebeldía y se ordenó su inmediata detención.
