El Tribunal de Impugnaciones de la Primera Circunscripción rechazó este viernes los recursos de apelación interpuestos por las defensas de Eric Quevedo y Heber Tapia, y confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Garantía Nº 1, que en audiencia del 12 de diciembre pasado dispuso la prisión preventiva para ambos imputados por 70 días. Los jóvenes están acusados de integrar una organización criminal conocida como “La Bandeja”, presuntamente dedicada al robo de vehículos, estafas, portación de armas y la plantación masiva de marihuana.
En la audiencia de apelación los abogados defensores cuestionaron la decisión del juez Juan Manuel Montiveros Chada porque entendían que no existían fundamentos para ordenar la medida coercitiva contra sus defendidos.
La palabra de los abogados
“A mi defendido se le atribuye formar parte de una asociación ilícita, una acusación que hemos cuestionado tras analizar el expediente, ya que no existen pruebas de que tenga relación o conexión alguna con los supuestos líderes de esta organización”, argumentó Iván Coria, abogado de Tapia. Además, destacó que su cliente es analfabeto y trabaja en un lavadero de autos, donde recibía una comisión por facilitar las ventas de vehículos. Explicó también que el dinero incautado en uno de los allanamientos, la suma de $2.600.000, era destinado a la compra de un automóvil por parte del yerno de Tapia, quien le había pedido que lo resguardara.
Facundo Sosa, defensor de Quevedo, también refutó las acusaciones, y dijo que los informes recopilados no mencionan a su cliente de forma directa. Lo único que lo vincularon fueron cuatro fotografías de marzo de 2024 en redes sociales, donde aparece en un boliche, sostuvo el abogado. Además, argumentó que Quevedo no cuenta con antecedentes penales y que la prisión preventiva podría perjudicar su futuro, especialmente considerando su condición de extranjero. Sin embargo, la Fiscalía advirtió que su pasaporte está vigente y la posibilidad de salir del país representa un evidente peligro de fuga.
La palabra de la Fiscalía
El Fiscal Subrogante de Instrucción Nº 2, Esteban Roche, actuó en representación del Ministerio Público Fiscal (MPF) y requirió al tribunal que desestime el planteo de la Defensa. “Se trata de una investigación compleja que involucra a 14 acusados. Es prematuro discutir el rol específico de cada uno en esta etapa inicial de la Investigación Penal Preparatoria. Estos aspectos se determinarán más adelante”, declaró Roche. También subrayó que, según los informes y análisis telefónicos, Tapia era identificado con el alias “Tito”, información corroborada mediante datos policiales y comunicaciones interceptadas.
El Fiscal también destacó que Tapia enfrentaba una causa en el fuero Federal y que pesaba sobre él una prisión preventiva dictada en ese ámbito. Agregó que durante la formulación de cargos se habían presentado 23 evidencias que vinculaban a los acusados con más de 50 casos de estafas y encubrimiento.
La resolución del Tribunal de Impugnaciones
Tras analizar los argumentos, el tribunal, integrado por el presidente Jorge Sabaini Zapata y las juezas Laura Molino y Monserrath Bocca -presente en la audiencia de manera virtual- resolvió de manera unánime rechazar la solicitud de los abogados defensores. Sabaini Zapata coincidió con los fundamentos del fiscal y señaló que la calificación de asociación ilícita no estaba en discusión en esta instancia. “Lo que corresponde ahora es resguardar el desarrollo de la investigación, dado su nivel de complejidad y el potencial involucramiento de otras personas”, concluyó el Presidente del Tribunal.
EL CASO
Según la investigación, la banda operaba de manera sofisticada y se dedicaba presuntamente a la comercialización de vehículos con documentación falsificada. El modus operandi incluía la adquisición de automóviles en Mendoza y su venta en San Luis utilizando cédulas de identificación vehicular, certificados notariales y formularios de registro automotor fraudulentos.
El grupo empleaba la plataforma de ventas Facebook para contactar a sus víctimas mediante perfiles falsos, haciéndose pasar por los legítimos propietarios. Para ganar confianza, utilizaban distintos números telefónicos y organizaban reuniones en persona, donde exhibían documentos aparentemente auténticos, como el formulario 08 con presunta certificación notarial.
Sin embargo, los investigadores detectaron irregularidades al identificar que todos los documentos contenían el mismo número de certificación notarial, correspondiente al registro notarial 51, y el mismo número de documento, aunque con distintos nombres de firmantes. La investigación, que abarca casos desde 2021, también reveló que las transacciones se concretaban en un domicilio ubicado en el centro de la ciudad de San Luis.
Este lugar, además, estuvo vinculado a otro hecho delictivo cuando el presunto cabecilla de la banda, identificado como Gatica, fue apuñalado en el sitio por otro hombre en circunstancias que aún se investigan. Además, en un operativo relacionado, la policía allanó un campo en Estancia Grande, donde se incautaron 688 plantas de marihuana. El procedimiento fue calificado “sin precedentes en la provincia” por las autoridades.