Este viernes, el Juzgado de Garantía N° 1 de Concarán llevó a cabo una audiencia de formulación de cargos y dispuso medidas de coerción contra Ramón Eulogio Cruz, intendente de la localidad de Villa Praga, quien fue imputado por el delito de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público en perjuicio de la Municipalidad de Las Aguadas, departamento San Martín.
La audiencia fue presidida por el juez Nicolás Coppola. En representación del Ministerio Público Fiscal (MPF) intervino el fiscal de Instrucción N° 1, César Salazar Molina, y la fiscal adjunta Silvina Argüello, ambos de la Tercera Circunscripción Judicial. También estuvo presente el fiscal de Estado, Santiago Calderón, quien adhirió a la acusación presentada por el MPF. La defensa del imputado estuvo a cargo de los abogados Juan Orlando Villegas y Francisco José Muñoz.
Según la imputación formulada, los hechos investigados ocurrieron entre los años 2009 y 2015 y se refieren a seis episodios de presunto desvío de fondos públicos, en concurso real. La Fiscalía solicitó un plazo de 60 días para avanzar con la investigación penal preparatoria. Al tomar la palabra, el imputado optó por abstenerse de declarar, mientras que su defensa rechazó la acusación y planteó la prohibición de la doble persecución penal, alegando la existencia de una causa previa vinculada a los mismos hechos.
Escuchadas las partes, el juez interviniente rechazó la excepción planteada por la defensa y dio por formulados los cargos en contra de Cruz como presunto autor material de los delitos de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en perjuicio de la administración pública y la comunidad de Las Aguadas.
En cuanto a las medidas de coerción solicitadas por la Fiscalía, el magistrado dictó la prohibición de salida de la provincia de San Luis y del país para el imputado, ordenando la notificación a la Dirección General de Migraciones, con un plazo de vigencia de 60 días. Además, fijó un embargo sobre los bienes de Cruz por un monto de 30 millones de pesos. Por último, rechazó la solicitud de restricción de acercamiento a la Municipalidad de Las Aguadas y la inhibición general de bienes planteada por la Fiscalía de Estado.
HECHOS
La causa inició en 2018 a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía de Estado de la Provincia de San Luis, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley Provincial N° VI-0166-2004. Se acusó al entonces intendente comisionado de Las Aguadas, Ramón Eulogio Cruz, de no presentar balances trimestrales durante su gestión (2007-2015), incumpliendo el artículo 3 de la Ley Provincial N° XII-0622-2008, que exige la rendición de cuentas ante el Tribunal de Cuentas.
A pesar de las reiteradas notificaciones del organismo de control, Cruz no rindió los balances correspondientes a seis períodos entre 2009 y 2015, generando sanciones económicas adicionales. Estos hechos fueron tipificados como peculado, conforme al artículo 261 del C.P.
El proceso penal se inició con un primer llamado a indagatoria en 2021. El imputado se presentó el 10 de marzo de 2023 y se abstuvo de declarar. Posteriormente, el 23 de abril de 2024, optó por la aplicación del nuevo sistema procesal penal, conforme al artículo 343 del C.P.P.
Los hechos investigados se habrían cometido en la localidad de Las Aguadas, Provincia de San Luis, y fueron formalmente imputados en la audiencia del día de hoy.