La jueza de Garantías N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial, Natalia Lazarte Otero, resolvió este martes admitir la formulación de cargos contra un hombre acusado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, previsto en la Ley 13.944 del Código Penal argentino.
El imputado, Nelson Ariel Almada, participó de la audiencia de manera remota desde la provincia de Córdoba. En la sala también estuvieron presentes la Fiscal Adjunta Paula Antonella Romagnoli, de la Fiscalía de Instrucción Penal en Género, Diversidad, Infancias y Adultos N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial, y el abogado defensor Maximiliano Del Signore.
Durante la audiencia, la fiscal Romagnoli relató que Almada es padre de tres hijos y que en 2019 firmó un acuerdo voluntario con la madre de ellos, que luego fue homologado judicialmente. En ese acuerdo se estableció un régimen de comunicación y alimentos, por un monto de dinero equivalente al 28% de sus ingresos. Sin embargo, el acusado solo cumplió una sola vez con el pago completo y en otra ocasión depositó un monto muy inferior al acordado. Desde entonces, la progenitora inició una serie de reclamos ante la Justicia de Familia.
En ese expediente, la Jueza de Familia ordenó la prohibición de salida del país de Almada y, recientemente, dispuso la suspensión de su CUIT, medida que inhabilita su actividad como contribuyente ante el ARCA (ex AFIP).
Luego de exponer los hechos, la fiscal solicitó que Almada sea imputado provisoriamente por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar y que, como medida de coerción, deba firmar el libro de comparecencia en la comisaría más cercana a su domicilio por el plazo de cuatro meses.
Por su parte, el abogado defensor rechazó la imputación y argumentó que los hijos de Almada vivieron siempre con él, por lo que sostuvo que su cliente sí se hizo cargo de la manutención. Además, informó que Almada presentó un plan de pago y una propuesta de liquidación de la deuda en el expediente de familia, acuerdo que —según aseguró—ya fue aceptado por la madre de los adolescentes y comenzaría a ejecutarse el próximo 5 de mayo.
Finalmente, la jueza Lazarte Otero aceptó la formulación de cargos y la medida de coerción solicitada por la fiscalía. También instó a la defensa a informar al Juzgado de Garantías y al Ministerio Público Fiscal una vez que se concrete lo pactado en el fuero de familia, a fin de evaluar cómo continuará la causa penal.