La jueza de Garantía N° 4 de la Primera Circunscripción, Natalia Lazarte Otero, dio por formulados los cargos que la fiscal adjunta Mercedes García le imputó a Jonathan David Sosa por presuntos hechos de violencia ejercidos contra su expareja en el marco de una relación de noviazgo que se extendió por casi dos años. En ese marco, también fue imputado por desobedecer una orden de restricción.
Como medidas cautelares, la magistrada ordenó que Sosa firme el Libro de Fiscalía y le prohibió la salida de la Provincia; todo por un término de dos meses. Además, lo instó a realizar un tratamiento psicológico
“La violencia ejercida por el imputado sobre la víctima fue en escala ascendente, desde actos de manipulación, malos tratos, que conllevaron a un grave contexto de violencia de género ceñido por insultos, amenazas hasta ejercer violencia física en reiteradas oportunidades, con la ruptura de teléfonos móviles”, dijo la integrante de la Fiscalía Especializada N° 2.
De acuerdo con la teoría del caso, el primer hecho ocurrió el 24 de febrero, un día antes de que se dictara la medida de protección. Según la denuncia, mientras la víctima esperaba un colectivo en calle 9 de Julio, Sosa se presentó en el lugar, comenzó a gritarle y la amenazó con divulgar un video íntimo. Ante la intervención de transeúntes, el agresor se retiró, pero volvió a interceptarla minutos después en su automóvil, continuando con los insultos.
El segundo episodio tuvo lugar el 19 de marzo en avenida Sarmiento. La denunciante caminaba con dirección al Parque de las Naciones cuando fue abordada por Sosa, quien intentó convencerla de retomar la relación. Al recibir una negativa, la tomó por la fuerza, y ante el intento de la mujer de llamar a la policía, la golpeó en el rostro, provocándole una caída.
La fiscal adjunta calificó los hechos de manera provisoria como lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas simples, daño y desobediencia judicial, en perjuicio de la mujer y de la administración pública.
El 25 de febrero de 2025, se dictó una medida de restricción de acercamiento contra el imputado por el término de 6 meses a una distancia no menor de 300 metros