Dos productores rurales del Departamento San Martín fueron imputados por la presunta usurpación de un campo en el paraje Las Flores, en Paso Grande. Se trata de Nemesio y Jonathan Soria, padre e hijo, a quienes la fiscal adjunta de la Fiscalía de Instrucción N° 2, Ornella Costa, le formuló cargos y solicitó medidas cautelares por un hecho ocurrido la mañana del 16 de mayo de 2025 donde supuestamente ambos denunciados “quitaron el alambrado del cierre perimetral y los postes del terreno propiedad de Nicolás Novarese y Esteban Cichero, con la intención de apropiarse y extender su terreno”, según dijo la representante de la Fiscalía.
La fiscal relató que las víctimas fueron alertadas por sus vecinos, que “observaron cómo los señores Soria habían ingresado al campo rompiendo los alambrados, sacando los postes y tranqueras, desarmando un corral donde se encontraban animales vacunos propiedad de las víctimas”.
En su exposición, la fiscal Costa precisó que “los imputados subieron todos los elementos a un camión y taparon los huecos donde se encontraban los palos enterrados, permaneciendo desde ese momento en el interior del campo e impidiendo el ingreso de los legítimos propietarios y sus empleados, lo que obstaculiza incluso la alimentación de los animales”.
Durante la audiencia, la representante del Ministerio Público explicó que Nemesio Soria había obtenido en 2012, una autorización de explotación de dos canteras en desuso y que había solicitado a las ahora víctimas, la autorización de servidumbre de paso para acceder a la mina. Años más tarde, “pidió nuevamente autorización para edificar un balcón a fin de resguardarse durante el invierno”, pero según la fiscal, dicha solicitud no habilitaba la ocupación ni la alteración del terreno.
Entre las evidencias reunidas por la investigación, Costa mencionó la denuncia y ampliación presentada por Novarese Quiroga, el informe emitido por la Subcomisaría N° 9 de Paso Grande, el acta de croquis e inspección del lugar del 16 de mayo, vistas fotográficas, entrevistas a los testigos, además de documentación dominial y registros de vacunación y libreta sanitaria de los animales que acreditan la titularidad del campo desde 1964.
“Con la evidencia reunida, este Ministerio Público Fiscal considera acreditada la conducta típica de usurpación en perjuicio de los propietarios del inmueble”, sostuvo la fiscal adjunta, quien calificó provisoriamente el hecho conforme al artículo 181 del Código Penal.
Como medidas, la fiscal solicitó la obligación de presentarse ante la Unidad de Gestión Fiscal N° 2 una vez por mes durante cuatro meses para firmar el libro de imputados, y la prohibición de salir de la provincia por igual plazo, petición a la que la jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, hizo lugar.
La defensa de los imputados, representada por Guillermo Levingston y Belén Levingston, rechazó los dichos de la Fiscalía y dijo que no se ha podido demostrar el delito de usurpación. “Quisiera saber si los denunciantes tienen un título que los avale como dueños, solicitamos que se desestime la denuncia”, dijo el abogado.
Por parte de la querella, el abogado Esteban Bustos, expuso una serie de evidencias documentales y testimoniales que —según afirmó— demuestran la posesión continua y legítima del campo “El Pozo”.
Bustos presentó actas de vacunación del ganado emitidas por el Senasa, que datan desde el año 2011 hasta 2025, como evidencia de la explotación constante de la propiedad por parte de sus clientes y precisó que los imputados Soria ingresaron al predio y retiraron alambrados y tranqueras, impidiendo desde entonces el acceso de los propietarios y de sus empleados.
Entre las evidencias presentadas, Bustos también exhibió una cesión de derechos mineros realizada por uno de los imputados a favor de su hijo, donde —según subrayó— “el propio Soria reconoce expresamente que la superficie donde se encuentra ubicada la mina es propiedad del señor Esteban Vicente Cichero”. Mostró además un acta notarial con las firmas de los involucrados y documentación proveniente de la Dirección Provincial de Minería, que en 2013 registró que Cichero y Novarese eran los propietarios y poseedores del campo.