En una audiencia desarrollada este miércoles ante la Jueza de Garantía Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial, Agustina Dopazo Samper, la Fiscal Adjunta de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 4, Antonella Romagnoli, manifestó su conformidad con la flexibilización de las medidas cautelares solicitada por la defensa de Gustavo Javier Arredondo, imputado por el delito de “homicidio culposo en accidente de tránsito”.
La audiencia fue solicitada por el abogado defensor, Martín Lohaiza Fernández, quien pidió la revisión de las medidas luego de conocer los resultados de la pericia accidentológica realizada por el Departamento de Investigación de Delitos Complejos, que funciona bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de San Luis.
En su presentación, Lohaiza Fernández sostuvo que la pericia incorporada al expediente aportó nuevos elementos sobre la mecánica del hecho ocurrido el 20 de agosto de 2025, alrededor de las 23:30, cuando Arredondo realizaba una maniobra en “U” con un camión Volkswagen sobre la Ruta 3, kilómetro 1, entre calles Gervasio Escudero y Salvador Segado, en la ciudad de San Luis. En ese contexto, un hombre que circulaba en moto colisionó con el rodado mayor y, a causa de las graves lesiones sufridas, falleció en el acto.
Según expuso, la pericia —que incluye también registros fílmicos— concluye que el motociclista circulaba a una velocidad superior al máximo permitido en ese tramo. Asimismo, se determinó que tuvo tiempo suficiente de reacción para evitar el impacto, pero —según las pericias toxicológicas— conducía bajo los efectos del alcohol y las drogas.
Por su parte, el camión manejado por Arredondo estuvo detenido durante aproximadamente 14 segundos, con las balizas encendidas y bandas refractarias laterales visibles, mientras esperaba concluir la maniobra.
En conclusión, si bien la maniobra de Arredondo se puede considerar imprudente, el informe advierte que, de haber circulado a la velocidad permitida y en condiciones normales de manejo, el motociclista habría contado con casi 16 metros para advertir y evitar el obstáculo.
Con estos elementos, la defensa sostuvo que se había debilitado el riesgo procesal originalmente considerado y pidió reemplazar la prohibición de salir de la provincia por una prohibición de salida del país; reducir la obligación de firmar el libro de imputados en la Fiscalía, dado que Arredondo reside en otra provincia; y levantar la prohibición de conducir, atento a que su medio de vida es el trabajo como chofer de camiones.
La Fiscal Antonella Romagnoli afirmó que la investigación avanzó de manera sustancial desde la formulación de cargos del 1 de septiembre y que la nueva pericia introdujo información que modifica el panorama inicial respecto de los riesgos procesales.
Romagnoli destacó que Arredondo cumplió regularmente con la firma del libro durante los últimos tres meses, que no hubo indicios de fuga ni de entorpecimiento y que la causa se encuentra en un estado avanzado, incluso con conversaciones preliminares con la defensa para una posible salida alternativa al juicio oral y público. Por eso, no se opuso a las modificaciones solicitadas, subrayando que, en este estadio, resultaban coherentes con el desarrollo de la investigación.
Finalmente, Dopazo Samper resolvió modificar la prohibición de salir de la provincia por una prohibición de salida del país, manteniendo el plazo de cuatro meses dispuesto el 1 de septiembre; reducir la obligación de firmar el libro de imputados a tres meses, debiendo la última firma concretarse en los primeros días de diciembre; y levantar la prohibición de conducir vehículos.
La magistrada aclaró que, si bien la prohibición de conducir suele ser una medida razonable en este tipo de casos, no puede imponerla sin contradicción entre las partes, y en este caso ambas solicitaron su cese.
Antes de finalizar, la Jueza advirtió a Arredondo que debe mantenerse a disposición de la Justicia, recordándole que la causa continúa en trámite y que una nueva infracción penal podría permitir que la Fiscalía solicite medidas más restrictivas, incluso una prisión preventiva.