En su formulación de cargos, la Fiscal de Instrucción Nº 5, Débora Antonella Roy Gitto, expuso la plataforma fáctica y la calificación legal correspondiente a dos hechos investigados, ocurridos los días 11 de diciembre de 2025 y 7 de enero de 2026, respectivamente.
En relación al hecho ocurrido el 7 de enero de 2026, la representante del Ministerio Público Fiscal indicó que el mismo fue encuadrado legalmente como robo calificado (art. 167 inc. 4 en relación con el art. 163 inc. 6 del Código Penal), en perjuicio de Miguel Ángel Miranda.
Asimismo, solicitó la acumulación de una causa previa ya judicializada, correspondiente a un hecho ocurrido el 11 de diciembre de 2025, calificado legalmente como hurto calificado (art. 163 inc. 6 del Código Penal), en perjuicio de María Pereyra.
De acuerdo a lo expuesto por la Fiscal, en este último hecho el imputado se desplazaba como acompañante en una motocicleta por la zona céntrica de la ciudad de San Luis. Al circular por calle Lavalle, descendió del rodado y, tras advertir que una motocicleta estacionada no contaba con alarma ni medidas de seguridad, manipuló la traba del volante, logró darle arranque y se retiró del lugar. El vehículo sustraído era una motocicleta marca Corven, propiedad de María Pereira.
En el marco de la investigación desarrollada durante el mes de enero, la Fiscal de Instrucción llevó adelante las medidas investigativas, entre ellas allanamientos en el domicilio del imputado, donde fueron secuestradas prendas de vestir que coinciden con las observadas en los registros fílmicos obtenidos a través del sistema de videovigilancia. Asimismo, se procedió a la detención del imputado, con sustento en el material probatorio reunido, incluyendo registros aportados por el Centro de Monitoreo.
Cabe señalar que Leonardo Andrés Pizarro cuenta con antecedentes penales, habiendo sido condenado el 2 de diciembre de 2024 a la pena de dos años y tres meses de prisión, por los delitos de hurto calificado reiterado, uso de llave falsa u otro instrumento similar y daños a bienes del Estado, en concurso real.
Finalmente, la Fiscal solicitó la prisión preventiva por el término de 90 días.
Luego de escuchar a las partes, el juez en feria interviniente, Dr. Marcos Leyes Flores, resolvió tener por formulados los cargos, disponer la prisión domiciliaria del imputado por el plazo de 90 días y ordenar las comunicaciones correspondientes para el control de la medida.
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