La Fiscal Adjunta Marisol Boschi, integrante de la Fiscalía de Instrucción Penal con intervención en contexto de género, diversidad sexual, infancias y adultos mayores Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial, formuló cargos contra un hombre por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente y la condición de guardador”, en perjuicio de su hijastra, quien al momento de los presuntos hechos tenía siete años años.
La audiencia se realizó este martes por ante el Juez de Garantía Nº 1, Juan Manuel Montiveros Chada, quien dio por formulados cargos en los términos provisorios planteados y dispuso las medidas cautelares solicitadas: restricción de acercamiento, prohibición de salir de la provincia, firma del libro y Cámara Gesell para la hermana de la víctima, quien fue la que comunicó en la escuela la situación.
La audiencia se desarrolló este martes ante el Juzgado de Garantía N° 1 de la ciudad de San Luis
“La directora de un establecimiento educativo efectuó denuncia a través del sistema web institucional, poniendo en conocimiento que una alumna del instituto manifestó que su hermana fue víctima de abuso sexual por parte de su padre (padrastro de la menor denunciante)”, explicó la fiscal.
Y agregó: “Conforme lo informado, a raíz de dicha manifestación, personal del establecimiento educativo procedió a entrevistar a la presunta víctima, brindándole contención, oportunidad en la que la adolescente ratificó, en presencia de efectivos policiales, la veracidad de los dichos referidos por su hermana”.
De acuerdo a la teoría del caso de la Fiscalía, los hechos denunciados habrían ocurrido cuando la víctima tenía siete años de edad, en circunstancias en que se encontraba en el domicilio de su abuela materna.
La Defensoría de Niñez estuvo representada por la Defensora Adjunta, Andrea Suárez, quién adhirió a lo solicitado por Fiscalía.
CÓMO INFORMAMOS
En las noticias judiciales vinculadas a delitos contra la integridad sexual, el Poder Judicial preserva la identidad tanto de las víctimas como de las personas imputadas, en cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos, la legislación vigente y las políticas de comunicación con perspectiva de género y niñez.
Asimismo, no se difunden detalles explícitos de los hechos, ya que su publicación podría generar revictimización, exposición innecesaria o tratamiento sensacionalista, en contradicción con los principios de protección integral, respeto y dignidad hacia las víctimas.