Se elevó a juicio una causa que investiga el intento de femicidio de una trabajadora sexual ocurrido en septiembre de 2025 en la ciudad de San Luis. La investigación estuvo a cargo de la fiscal de Instrucción de Género N° 2, Antonella Córdoba, quién solicitó que un hombre de 33 años sea condenado a 11 años de prisión por el delito de homicidio calificado por mediar contexto de género en grado de tentativa.
En la audiencia de control de acusación, realizada este miércoles por ante la jueza de Garantía N° 2, Agustina Dopazo Samper, Córdoba narró que el hecho ocurrió el 19 de septiembre a las 4:50 de la madrugada, cuando la víctima se encontraba en la intersección de Almafuerte y Avenida España.
“En ese contexto, el imputado se detuvo en su vehículo y, tras consultarle por las actividades que ofrecía y costos, ambos se dirigieron al domicilio del acusado”, relató la fiscal.
De acuerdo con el requerimiento, al finalizar el encuentro el hombre manifestó que no tenía efectivo y que solo contaba con “cinco mil pesos”, monto que ofreció transferir. Esto originó una discusión, ya que la mujer pidió que la regresara al punto inicial.
Al volver a la zona de Almafuerte y avenida España, “nuevamente discuten por el pago de 30.000 pesos y en ese momento, la denunciante tomó las llaves del vehículo y descendió”. Según la Fiscalía, fue entonces cuando el imputado “tomó un elemento contundente, y de manera súbita y violenta la golpeó del lado izquierdo de su cabeza provocándole hundimiento de cráneo y fractura”.
Tras el episodio, se solicitó ayuda al 911 y el personal policial que arribó al lugar encontró a la mujer pidiendo auxilio y, a pocos metros, al sospechoso “quien intentaba prender su camioneta”, y procedió a su detención.
La defensa oficial, representada por la Defensora Oficial Penal Nº 3, Stefanía Cifuentes, manifestó que no se oponía a la acusación en cuanto a sus formalidades ni a la prueba ofrecida por el Ministerio Público Fiscal.
Tras escuchar a las partes, la jueza Dopazo Samper resolvió tener por admitida la acusación y la totalidad de la prueba presentada tanto por la Fiscalía como por la defensa. Finalmente, se dispuso la apertura a juicio con intervención de un tribunal colegiado, con la posibilidad de que el imputado opte por ser juzgado por un tribunal unipersonal.
Además, se ordenó oficiar al Registro Nacional de Reincidencia y se aclaró que cualquier planteo vinculado a medidas cautelares deberá ser tratado por el Colegio de Jueces, conforme la doctrina vigente del Superior Tribunal de Justicia.