La Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 4 imputó a Ezequiel Marín, Julián Chávez y Sergio Alexis Ávila por el delito de robo calificado en poblado y en banda en grado de tentativa, durante una audiencia de formulación de cargos realizada ante el Juzgado de Garantía Nº 4, a cargo de la jueza Luciana Banó.
La imputación fue encabezada por la Fiscal María del Valle Durán y la Fiscal Adjunta Antonella Romagnoli, quienes atribuyeron a los tres acusados un hecho ocurrido el 21 de febrero, alrededor de las 10:30, en una vivienda en construcción ubicada en el barrio Las Praderas, en la ciudad de Juana Koslay.
Según expusieron, los hombres habrían ingresado al predio tras romper la tela olímpica perimetral y, una vez dentro, violentaron el candado de seguridad de una de las habitaciones. Desde allí sustrajeron dos palas anchas marca Biassoni y un alargue subterráneo de aproximadamente 15 metros, sin marca visible.
La maniobra fue advertida por vecinos del barrio, quienes comenzaron a gritarles y a registrar la situación con sus teléfonos celulares. Ante ello, los sospechosos se dieron a la fuga. Minutos más tarde, tras un rastrillaje en la zona, personal policial logró recuperar los elementos dentro del predio y posteriormente detuvo a los tres hombres en inmediaciones del barrio.
Como medidas de coerción, la Fiscalía solicitó que los imputados firmen el libro de procesados del 1 al 10 de cada mes durante cuatro meses y que se les prohíba salir del territorio provincial por el mismo plazo, al señalar que aún restan diligencias investigativas por producir.
La defensa estuvo a cargo de la Defensora Oficial en lo Penal Nº 3, Stefanía Cifuentes Quiroga, y del abogado Ricardo Gutiérrez Esley, en representación de uno de los imputados. Ambos manifestaron no tener objeciones formales a la imputación ni a las medidas solicitadas, por considerarlas proporcionales y de carácter morigerado.
Tras escuchar a las partes, la Jueza resolvió formalizar la investigación penal preparatoria contra Marín, Chávez y Ávila por el delito atribuido y hacer lugar a las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal. En consecuencia, los imputados deberán cumplir con la firma mensual ante la sede fiscal y no podrán salir de la provincia durante cuatro meses, salvo autorización judicial fundada en razones laborales o de salud.