Este miércoles se realizó una audiencia ante el Juzgado de Garantía Nº 1, a cargo del Juez Juan Manuel Montiveros Chada, en la que la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 5, a cargo de la Fiscal Débora Roy Gitto, acordó con la defensa —ejercida por el abogado Sebastián Aravena— la resolución de la situación procesal de Joel Fernández y de Ismael Torres, imputados por distintos hechos ocurridos el 15 de julio de 2025 en el barrio AMEP de la ciudad de San Luis.
Según la Fiscalía, en la madrugada de ese día un hombre fue increpado, amenazado y golpeado por un grupo de alrededor de diez personas en el marco de conflictos vecinales de larga data. En ese contexto, Fernández habría efectuado un disparo por la espalda que impactó en la zona dorsal de la víctima, a la altura de los omóplatos. La agresión derivó en un hemo-neumotórax y la colocación de un drenaje pleural, por lo que el damnificado debió ser trasladado e internado en el Hospital Ramón Carrillo. Las lesiones fueron consideradas graves, ya que pusieron en riesgo su vida y demandaron más de un mes de recuperación. Con el correr de los días, el hombre evolucionó favorablemente y logró recuperarse.
En el mismo episodio, Ismael Torres está imputado por haber agredido a dos mujeres que intentaron defender al herido, provocándoles traumatismos en la cabeza. Vecinos dieron aviso al 911 y, al arribar la policía, Fernández se dio a la fuga en una camioneta y Torres en una motocicleta, maniobras que quedaron registradas por cámaras de seguridad.
En la audiencia, Torres evitó llegar a juicio y recibir una posible condena al acordar la suspensión del juicio a prueba, conocida como “probation”. De este modo, se comprometió a cumplir cuatro horas semanales de trabajo comunitario durante el plazo de un año en el Club Sportivo Estudiantes y a abonar la suma de cincuenta mil pesos en concepto de reparación económica a las dos mujeres agredidas.
La probation es una salida alternativa al juicio que permite suspender el proceso penal bajo determinadas condiciones, entre otras, que no tenga antecedentes condenatorios. El imputado debe asumir reglas de conducta, reparar el daño en la medida de lo posible y cumplir tareas comunitarias. Si cumple con las obligaciones impuestas durante el plazo fijado, la acción penal se extingue y no se dicta condena.
Por su parte, a Joel Fernández —imputado por el delito de “lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego”— se le ofrecerá la posibilidad de acceder a un juicio abreviado. Este mecanismo implica que el acusado reconozca su responsabilidad en los hechos y acepte la pena acordada entre la Fiscalía y la defensa, así se evita la realización de un juicio oral. En este caso, la condena podría llegar a ser de hasta tres años de prisión, aunque el acuerdo deberá ser homologado por un Juez del Colegio de Jueces.
Tanto la suspensión del juicio a prueba como el juicio abreviado son salidas alternativas previstas en el Código Procesal Penal de San Luis. Estas herramientas buscan dar una respuesta más ágil al conflicto penal, priorizando la reparación del daño, la responsabilidad asumida por el imputado y la economía procesal.