La Fiscal Adjunta Marisol Boschi, de la Fiscalía de Instrucción Penal con intervención en contexto de género, diversidad sexual, infancias y adultos mayores Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial, imputó a un hombre por la presunta “publicación, facilitación, divulgación y distribución de representaciones de las partes genitales de menores de 18 años con fines predominantemente sexuales, agravado por tratarse de víctimas menores de 13 años”, en el marco de una investigación por material de abuso sexual infantil detectado en internet.
Según expuso la fiscal durante la audiencia de formulación de cargos, la investigación se inició a partir de un informe generado por el sistema de investigación estadounidense denominado Internet Crimes Against Children Child On-line Protection Systems (ICACCOPS). Se trata de una plataforma que monitorea el tráfico de archivos en internet para combatir la explotación sexual infantil y colaborar con otras entidades en la protección y el rescate de niños, niñas y adolescentes. Este sistema detectó actividad compatible con el intercambio de material de abuso sexual infantil en redes de intercambio de archivos conocidas como peer to peer, por ejemplo, Bit Torrent o Ares. A partir de ese reporte, se identificó una dirección IP localizada en la ciudad de San Luis que registraba actividad vinculada con este tipo de contenidos.
Tras las tareas de investigación realizadas por la División de Delitos Complejos, se solicitó una orden de allanamiento en un domicilio de la zona céntrica de la ciudad, donde se secuestraron distintos dispositivos electrónicos, entre ellos teléfonos celulares, computadoras y dispositivos de almacenamiento. Posteriormente, se ordenaron pericias informáticas sobre los equipos.
De acuerdo con lo informado por la fiscalía, el análisis pericial arrojó resultados positivos respecto de la presencia de material de abuso sexual infantil en dispositivos pertenecientes al imputado. En uno de los teléfonos celulares se detectaron numerosos archivos vinculados a este tipo de contenido, además de aplicaciones que permitirían navegar en internet de manera anónima o con mecanismos de ocultamiento de actividad.
La fiscalía sostuvo que, además de la presencia del material, se detectó el uso de plataformas de intercambio de archivos que permiten compartir contenidos con otros usuarios de internet, lo que —según la acusación— ubicaría la conducta investigada más allá de una simple tenencia.
El Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva del imputado por 120 días al advertir riesgos procesales. En ese sentido, la fiscal señaló que existía peligro de fuga en razón de la gravedad del delito investigado, la pena en expectativa y la solidez de la evidencia reunida. También sostuvo que podía configurarse un riesgo de entorpecimiento de la investigación, ya que el imputado —en libertad— podría borrar, alterar o eliminar evidencia digital o interferir en la trazabilidad del material compartido en redes de intercambio.
Durante la audiencia, la Defensoría de Niñez y Adolescencia representada por la Defensora Adjunta Belén Suárez, adhirió al planteo del Ministerio Público Fiscal y destacó la gravedad de este tipo de delitos. En ese sentido, señaló que la circulación de material de explotación sexual infantil implica una revictimización constante de niñas, niños y adolescentes y remarcó la obligación del Estado de garantizar su protección.
Por su parte, la defensa del imputado, a cargo de la abogada Antonella Zanglá, se opuso a la formulación de cargos al sostener que el informe pericial no permite determinar con claridad la modalidad del delito ni acreditar la existencia de archivos completos en los dispositivos analizados. Según argumentó, en algunos casos solo se habrían recuperado registros de nombres de archivos almacenados en memoria caché, lo que —a su criterio— no equivale a una posesión efectiva del material ni prueba una distribución.
La defensora también cuestionó la cadena de custodia de parte de la evidencia y solicitó que, en caso de que el juez considerara procedente la imputación, se adoptaran medidas de coerción menos gravosas que la prisión preventiva solicitada por la fiscalía.
Tras escuchar a las partes, el Juez de Garantía Nº 3, Marcos Flores Leyes, resolvió tener por formulados los cargos al considerar que, en esta etapa inicial del proceso, se cumplen los requisitos establecidos por el Código Procesal para la apertura de la investigación. No obstante, rechazó el pedido de prisión preventiva. Entre otros argumentos, sostuvo que el imputado no posee antecedentes penales, cuenta con domicilio y siempre ha estado a derecho, además de que los dispositivos secuestrados ya se encuentran bajo control judicial.
“Estar a derecho” significa cumplir con las obligaciones del proceso judicial, presentarse ante la Justicia cuando es requerido y no intentar evadir ni entorpecer la investigación.
En su lugar, el juez dispuso medidas de coerción menos gravosas para garantizar el sometimiento del imputado al proceso. Entre ellas, le prohibió salir del territorio de la provincia de San Luis durante 120 días y le ordenó presentarse cada 15 días a firmar el libro de imputados en la fiscalía correspondiente.
El magistrado advirtió al imputado que cualquier incumplimiento de estas medidas o conducta que pueda interpretarse como entorpecimiento de la investigación podría derivar en la revisión de su situación procesal.
Al finalizar la audiencia, la fiscalía anunció que apelará la decisión ante el Tribunal de Impugnación.
Por tratarse de una investigación vinculada a material de abuso sexual infantil y debido a que podrían existir víctimas que aún no han sido identificadas, en esta nota no se informa el nombre del imputado, con el fin de resguardar los derechos y la integridad de las posibles víctimas.