ELEVAN A JUICIO Y PIDEN UNA CONDENA DE PRISIÓN EFECTIVA PARA UN HOMBRE ACUSADO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y OTROS DELITOS

La Fiscalía de Género Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial solicitó la elevación a juicio de la causa que tiene como acusado a Leonel Ángel Rossi y pidió que sea condenado a tres años de prisión efectiva por hechos de violencia ocurridos en mayo y junio de 2025 en la ciudad de San Luis.

El requerimiento fue formulado por la Fiscal Delia Bringas, titular de la Fiscalía de Instrucción Penal con intervención en contexto de género, diversidad sexual, infancias y adultos mayores Nº 1, durante una audiencia realizada ante la Jueza de Garantía Nº 2, Agustina Dopazo Samper. El imputado estuvo representado por la Defensora Oficial en lo Penal Nº 3, Stefanía Cifuentes Quiroga.

Según la acusación, el primer hecho ocurrió el 5 de mayo de 2025, alrededor de las 12 horas, en el domicilio que el imputado compartía con su entonces pareja en el barrio Pucará. En ese contexto se produjo una discusión durante la cual Rossi le impidió salir de la vivienda y posteriormente la agredió con golpes de puño en el rostro, provocándole lesiones que fueron calificadas como graves por el Cuerpo Médico Forense. El episodio fue advertido por vecinos que alertaron a la policía, lo que derivó en la detención del imputado.

A partir de ese hecho se formularon cargos y se dispuso como medida de coerción la prisión domiciliaria por 90 días, con la utilización de un dispositivo dual de monitoreo.

El segundo episodio ocurrió el 22 de junio de 2025, cuando Rossi se encontraba cumpliendo esa medida. De acuerdo con la investigación, el imputado habría amenazado previamente por teléfono a su expareja y luego se dirigió al domicilio de la denunciante, violando la prisión domiciliaria. Allí ingresó al inmueble tras subir al techo y forzar el acceso, portando un cuchillo con el que habría amenazado de muerte a la víctima. Durante el episodio también ocasionó daños en distintos elementos del interior de la vivienda. La situación fue advertida por personal policial y por el sistema de monitoreo del dispositivo dual, lo que permitió su detención.

Por este segundo hecho se formularon nuevos cargos y se dispuso la prisión preventiva del imputado, medida que se mantuvo hasta enero de este año. Posteriormente, la Justicia resolvió otorgarle nuevamente el beneficio de la prisión domiciliaria, debido a que Rossi realiza tareas de mecánica en su propio domicilio y necesitaba generar ingresos para sostener a sus tres hijos menores de edad, dos de los cuales residen en la provincia de Mendoza.

En base a la evidencia reunida durante la investigación, la Fiscalía acusó a Rossi como autor de los delitos de “lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas agravadas por el uso de arma, violación de domicilio, daños e incumplimiento de una orden judicial”.

En la misma audiencia, la Fiscalía también solicitó la prórroga de la prisión domiciliaria por el término de 90 días. Bringas argumentó que existe riesgo para la víctima y peligro de que el imputado intente no someterse al proceso, es decir, que pueda fugarse, debido a que ya incumplió medidas judiciales previamente impuestas.

Por su parte,  Cifuentes Quiroga no se opuso a la acusación ni a la prueba ofrecida por el Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, manifestó su desacuerdo con la prórroga de la prisión domiciliaria y solicitó la libertad de su defendido. De manera subsidiaria, pidió que el plazo de la medida sea reducido a 60 días y que se autorice al imputado a concurrir una vez por semana al Centro de Prevención y Asistencia a las Adicciones, donde asiste a un espacio terapéutico.

Tras escuchar a las partes, Dopazo Samper tuvo por admitida la acusación fiscal, aceptó las pruebas ofrecidas por las partes y dispuso la elevación de la causa a juicio. Asimismo, resolvió prorrogar la prisión domiciliaria del imputado atendiendo a los argumentos expuestos por la Fiscalía, aunque fijó el plazo de la medida en 60 días.

Ahora, el Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial deberá fijar la fecha del debate oral y determinar qué tribunal unipersonal, estará a cargo del proceso.

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