Los doctores Ailén Barrios Romero y Carlos Hugo Orozco fueron distinguidos por impulsar la disertación del especialista Dr. Diego Ortiz. La actividad académica, desarrollada el pasado 6 de marzo, fue declarada de Interés Municipal.
En reconocimiento a su compromiso con la formación continua y la mejora del servicio de justicia, los jueces a cargo de los Juzgados de Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia y Penal Juvenil Nº 1 y 2 de la Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Carlos Hugo Orozco y Dra. Ailén Barrios Romero, recibieron un diploma por parte del Honorable Concejo Deliberante de la Villa de Merlo.
La distinción fue otorgada como corolario de la capacitación denominada “Violencia Económica, de tipo de violencia a una herramienta profesional”, desarrollada el pasado viernes 6 de marzo en el Centro de Convenciones de la villa turística. Esta actividad académica fue impulsada por los magistrados locales y tuvo como disertante principal al Dr. Diego Oscar Ortiz, reconocido abogado especialista en violencia familiar y económica de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Debido a su relevancia para la comunidad, el cuerpo legislativo municipal, bajo la presidencia de la Mgtr. Patricia Morandé y la secretaría del Dr. Jorge Flores, había emitido previamente la Resolución N° 2461-C.D.-2026, mediante la cual se declaró a la jornada de Interés Municipal en el marco de “2026 Año de la Educación”.
El evento formativo, que motivó este reconocimiento institucional, estuvo diseñado para fortalecer las herramientas técnicas de los profesionales. Durante el encuentro, se profundizó en el abordaje de la violencia económica y patrimonial, reconocida por la Ley Nacional N.º 26.485 y la Convención de Belém do Pará, analizando la jurisprudencia actualizada, las medidas de protección y la aplicación de las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad.
Con esta entrega formal, se reafirma el impacto positivo del trabajo articulado para garantizar un acceso efectivo a la justicia y proteger los derechos de la comunidad frente a problemáticas complejas.