La reunión tuvo como finalidad la presentación del nuevo formulario de recolección de información del año 2025, y se brindaron instrucciones sobre el operativo previsto para dicha tarea. En la oportunidad, los técnicos nacionales expusieron los cambios vinculados a las nuevas planillas que, para el año 2026 —con reporte de información correspondiente a 2025—, serán remitidas a cada organismo del fuero penal, abarcando la actividad jurisdiccional, la del Ministerio Público Fiscal y la del Ministerio Público de la Defensa.
Asimismo, se generó una instancia de diálogo que permitió relevar consultas, dudas y sugerencias de los distintos organismos, con el objetivo de fortalecer la estadística oficial sobre el funcionamiento de la justicia penal del país, en el marco de la Ley 25.266. En este sentido, desde San Luis se informó sobre el actual procedimiento de recolección de datos y sus conclusiones, cuyo origen es trazable dentro del sistema informático IURIX Gestión, conforme a las definiciones de indicadores establecidas por el organismo nacional.
Se esperan las devoluciones que el organismo nacional envíe a cada provincia una vez finalizadas las instancias de entrevistas con las distintas jurisdicciones.
SOBRE EL SNEJ
El Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales (SNEJ) tiene por objetivo general recopilar información sobre la estructura y el funcionamiento del Poder Judicial, en particular del fuero penal. Asimismo, busca relevar datos sobre la cantidad de expedientes judiciales iniciados por la presunta comisión de delitos y sobre las principales medidas procesales efectuadas en relación a ellos. Debido a la complejidad de las tareas, su implementación se prevé en diferentes etapas.
La primera fase consiste en un relevamiento general de los tres componentes de los poderes judiciales del país —Cortes o Superiores Tribunales, Procuraciones Generales o Ministerios Públicos y Defensorías Generales—, con el fin de contar con información global sobre personal y estructura en el área de la justicia penal. Esta etapa tiene como objetivo primordial elaborar un diagnóstico básico de la estructura de la justicia penal del país, y posteriormente publicar un primer informe general.
La segunda fase apunta a obtener información más detallada sobre el funcionamiento de la justicia penal, a través de un relevamiento efectuado por cada organismo con competencia penal que inicia causas. En este sentido, se busca conocer el movimiento general de expedientes que se produce por año, así como las principales resoluciones dictadas en cada período.