“Un ciudadano que caminaba con su hijo por la calle, una noche cualquiera, dialogando con su amigo, se convirtió sin razón alguna en una víctima de violencia institucional”. Con esas palabras, la fiscal de Instrucción N° 5 Débora Roy Gitto resumió lo sucedido el 9 de abril en la zona de la peatonal Mendoza del Barrio 292 de la ciudad de San Luis y que terminó con un hombre golpeado y un policía de la provincia imputado por lesiones graves, abuso de autoridad y apremios ilegales.
Por este hecho, la fiscal le formuló cargos este viernes a Matías Escudero, un efectivo de 37 años perteneciente a la sección motorizada del Comando Radioeléctrico, por su comportamiento “abiertamente ilegítimo y abusivo” cuando realizaban un procedimiento de identificación a Brian Arévalo.
Roy Gitto dijo que se trató de un hecho de violencia institucional y solicitó que el agente sea privado de la libertad preventivamente mientras avanza la investigación en su contra, pedido al hizo lugar el juez de Garantía N° 3, Marcos Flores Leyes,
La medida será por 90 días por lo que Escudero permanecerá en el Servicio Penitenciario durante ese plazo.
En cuanto a la calificación legal, el policía fue imputado por lesiones graves agravadas por su condición de funcionario público, abuso de autoridad y aplicación de apremios ilegales, en calidad de coautor. La fiscalía sostuvo que no actuó solo y anticipó que podrían surgir nuevos imputados.
Escudero se abstuvo de declarar y fue representado por el abogado Alfredo García Garro.
Según la teoría del caso de la Fiscalía, el hecho ocurrió el 9 de abril de 2026, alrededor de las 20:45, en la peatonal Mendoza del barrio 292 entre las manzanas 2 y 3, cuando Arévalo caminaba junto a su hijo de un año y medio y un amigo. En ese contexto, al advertir que varios móviles policiales circulaban a alta velocidad, Arévalo les pidió que disminuyeran la marcha.
“El requerimiento fue a viva voz, pidiéndole a los efectivos que bajaran la velocidad”, explicó Roy Gitto, y aclaró que “lejos de tratarse de una conducta agresiva”, no existía justificación para una intervención violenta.
Sin embargo, el pedido derivó en un procedimiento de identificación que, según la acusación, “derivó en una acción abiertamente ilegítima y abusiva”. En ese marco, Escudero habría agredido a Arévalo con golpes de puño.
“Sin que mediara una resistencia por parte del damnificado, el imputado procedió a agredirlo físicamente”, sostuvo la fiscal, quien agregó que los golpes fueron propinados incluso con los guantes del uniforme policial.
Testigos presenciales relataron la escena en plena vía pública. “Lo levantan del suelo como un perro”, describió uno de ellos, y señalaron que la agresión continuó con golpes en el rostro y las costillas, aun cuando la víctima se encontraba reducida.
La fiscalía remarcó la situación de vulnerabilidad del damnificado: “No pudo defenderse, encontrándose en una clara inferioridad frente a la pluralidad de agentes estatales”.
Como consecuencia de la golpiza, Arévalo sufrió lesiones graves. El informe forense de la doctora Patricia Gallardo confirmó fractura de tabique nasal, fractura del piso de la órbita derecha, hematomas y múltiples escoriaciones. “El tiempo de curación es mayor a un mes, con igual período de inhabilitación laboral”, se indicó.
La fiscal además subrayó que el accionar policial “transformó un procedimiento preventivo en un acto de violencia ilegítima”, que vulneró principios constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos.
Uno de los puntos más sensibles de la investigación es el posible encubrimiento inicial del hecho. Según se expuso, en un primer momento la policía informó el caso como una “resistencia a la autoridad” y destacó que el efectivo había resultado lesionado, sin mencionar la gravedad de las heridas sufridas por Arévalo.
“A las 23 horas se me informa una resistencia a la autoridad; recién de madrugada se me pone en contexto de la situación real”, explicó la fiscal.
De acuerdo con lo narrado por la Fiscalía, la causa cuenta con múltiples evidencias, entre ellas testimonios de testigos presenciales, informes médicos, historia clínica y actuaciones policiales. No obstante, Roy Gitto advirtió dificultades en la investigación: “Se nos va a complicar porque el personal policial evidentemente cubre a sus compañeros”.
Además, se señaló que algunos testigos tienen temor de declarar por posibles represalias. “Existe una posibilidad concreta de intimidación o condicionamiento de los testimonios”, advirtió el acusador.
En este contexto, el Ministerio Público al fundamentar la prisión preventiva del imputado por el plazo de 90 días mencionó el riesgo de entorpecimiento de la investigación debido a su condición de policía en actividad, lo que le permitiría influir sobre testigos o coordinar versiones.
“El imputado pertenece a la fuerza de seguridad, lo que lo coloca en una posición objetiva de poder”, sostuvo la fiscalía, y agregó que “no estamos ante un exceso menor, sino ante un claro caso de violencia institucional”.
La fiscal también puso especial énfasis en el contexto en que ocurrió el hecho: la víctima estaba acompañada por su hijo pequeño. “No se puede dejar de lado el riesgo para la integridad de la víctima y su familia”, concluyó el fiscal, al solicitar que se haga lugar a la medida de coerción más gravosa.
En ese sentido, remarcó que el imputado es un policía en actividad, lo que le otorga “acceso a información relevante, posibilidad de coordinar versiones y capacidad de influir sobre otros agentes intervinientes”, colocándolo en una “posición objetiva de poder”.
La fiscal advirtió que existen al menos cinco testigos directos —vecinos que presenciaron el hecho— cuyos datos personales constan en el expediente y que manifestaron temor por su integridad tras haber declarado. “Hay una posibilidad concreta de intimidación o condicionamiento de los testimonios”, afirmó, al señalar además la cercanía territorial entre los efectivos y los habitantes de la zona, ya que los policías prestan funciones en esa jurisdicción.
Asimismo, encuadró el hecho como un caso de violencia institucional, al considerar que se trató de un accionar desproporcionado: “No estamos ante un exceso menor”, expresó, y destacó que varios efectivos intervinieron contra una sola persona, quien además se encontraba en inferioridad de condiciones.
Finalmente, el Ministerio Público rechazó la posibilidad de medidas alternativas como la prisión domiciliaria, al considerar que no neutralizan el riesgo procesal. “La pertenencia a la fuerza genera una asimetría de poder que puede influir en testigos”, sostuvo.
La palabra de la víctima
La víctima, Brian Arévalo, relató que fue reducido y esposado mientras se encontraba golpeado, sin recibir explicaciones por parte de los efectivos y sin saber qué ocurría con su hijo pequeño, que lloraba en el lugar. “Sabía que estoy esposado, todo golpeado… y mi hijo lloraba y no sabía con quién se iba a quedar”, expresó.
Además, denunció que fue trasladado y continuaron hostigándolo sin informarle la situación de su hijo. También manifestó su preocupación por las consecuencias físicas y laborales de la agresión: “Tengo un ojo que tengo que ver en 12 días… a ver si no lo pierdo. Pierdo el trabajo”, señaló, y agregó que atraviesa un momento crítico que pone en riesgo su sustento y su vida familiar.
Los abogados querellantes, Nedo Gómez y Cristóbal Ibáñez, señalaron graves irregularidades en el procedimiento policial, tanto en el ámbito de la salud como de la seguridad. Denunciaron que la víctima fue trasladada del lugar de la agresión a otro punto donde recién se iniciaron las actuaciones, lo que calificaron como “el primer yerro” del operativo.
Además, cuestionaron el trato recibido en el Hospital del Norte, donde —según indicaron— Arévalo fue mantenido arrodillado y esposado mientras los efectivos “jugaban” con las esposas, y donde la atención médica fue superficial, limitándose a constatar lesiones visibles.
También advirtieron que en la comisaría se le negó contacto con su familia y que su estado de salud fue minimizado, pese a encontrarse en shock y con riesgo médico. Recién tras la intervención de un familiar y el pedido de una ambulancia fue trasladado al Hospital Ramón Carrillo.
Los abogados sostuvieron que existió un intento de instalar una versión falsa de los hechos, presentando a la víctima como agresor: “Desde el primer momento se intentó colocar a la víctima en el rol de victimario”. Asimismo, denunciaron que fue mantenido bajo custodia policial incluso en el hospital, sin justificación legal.
Finalmente, remarcaron la gravedad de las lesiones —que podrían implicar la pérdida de un ojo— y sostuvieron que, por su magnitud, “no pudieron haber sido causadas por una sola persona”, dejando abierta la posibilidad de que surjan más responsables en el avance de la investigación.
