Lo que debía ser una celebración terminó convirtiéndose en un conflicto judicial. Una familia había contratado un servicio integral para un cumpleaños de 15, pero el evento no se desarrolló como estaba previsto y debieron afrontar gastos de urgencia para poder sostener la fiesta. A partir de ese hecho, se inició una causa penal que, con el avance del proceso, derivó en una solución alternativa al juicio.
Este tipo de resoluciones, contempladas en el artículo 222 del Código Procesal Penal de San Luis, permiten abordar el conflicto de manera más ágil, priorizando la reparación del daño a la víctima y la asunción de responsabilidad por parte del imputado. Además, evitan la instancia de juicio cuando las partes logran un acuerdo, lo que contribuye a optimizar los recursos del sistema judicial.
La audiencia en la que se trató la propuesta estuvo a cargo del Juez de Garantía Nº 3, Marcos Flores Leyes, con la intervención de la Fiscal de Instrucción en lo Penal Nº 5, Débora Roy Gitto. El imputado, Lucas Ariel Scotti, fue asistido por la Defensora Oficial en lo Penal Nº 2, Nadia Agúndez, quien no formuló objeciones.
La mujer damnificada también estuvo presente en la audiencia y manifestó su conformidad con el acuerdo alcanzado.
Los hechos se remontan a 2018, cuando la damnificada contrató un servicio integral para la realización de la fiesta de 15 años de su hija que incluía salón, música, video, mesa dulce, decoración, servicio de mozos, cocina, recepción, cena, bebida y canilla libre, por un monto total de $80.000, abonado en su totalidad con anterioridad al evento. Sin embargo, el día de la celebración, en marzo de 2019, el servicio no se cumplió en aspectos esenciales —especialmente en la provisión de comida y bebida— y el imputado no se presentó ni respondió a los reclamos, lo que obligó a la familia a asumir gastos imprevistos para poder continuar con la fiesta.
Si bien el Ministerio Público Fiscal había solicitado la elevación de la causa a juicio por el delito de estafa, en la audiencia las partes acordaron la aplicación de una suspensión de juicio a prueba (probation).
Como parte de las condiciones impuestas, el imputado deberá abonar la suma de $400.000 en concepto de reparación económica, realizar tareas comunitarias y cumplir con determinadas pautas de conducta.
De este modo, el caso se encamina hacia una resolución alternativa, sujeta al cumplimiento de las condiciones establecidas. En caso de incumplimiento, el proceso podría reactivarse y avanzar hacia el juicio oral.
¿QUE ES LA PROBATION?
La suspensión de juicio a prueba (probation) es una salida alternativa del proceso penal que permite evitar el juicio cuando se cumplen ciertos requisitos. Durante un período determinado, la persona imputada queda “a prueba” y debe cumplir una serie de condiciones, como reparar el daño causado, realizar tareas comunitarias y respetar pautas de conducta fijadas por el tribunal.
Si cumple con todas las obligaciones, la acción penal se extingue y no se dicta una condena. En cambio, si incumple, el proceso se reanuda y puede avanzar hacia el juicio oral.