La Justicia resolvió mantener las medidas de coerción contra Jonathan Barloa y Carlos Barrientos en el marco de la causa en la que están imputados por robo agravado, que se encuentra próxima a ser elevada a juicio oral. En una audiencia realizada este martes por la mañana, la Jueza de Garantía N° 2, Agustina Dopaz, dispuso una nueva prórroga por 75 días, a partir de un pedido formulado por la Fiscalía de Instrucción N° 4, representada por el fiscal Javier Amitrano y la fiscal adjunta Antonella Romagnoli.
La causa se originó el 21 de agosto de 2025 y tiene como acusados a Barloa y Barrientos por el delito de robo calificado en poblado y en banda, agravado por la participación de un adolescente. En su exposición, la fiscal repasó las distintas resoluciones adoptadas a lo largo del proceso: inicialmente se dictó la prisión preventiva por 60 días; luego se dispuso la libertad de una de las personas involucradas y se morigeraron las condiciones para los principales imputados, quienes pasaron a cumplir arresto domiciliario.
Sin embargo, esa situación cambió en diciembre, cuando Barloa incumplió la medida domiciliaria, lo que derivó en una nueva imputación y en el pedido de restitución de la prisión preventiva.
En la audiencia de hoy, la Fiscalía solicitó una extensión de 90 días, al considerar que la investigación está próxima a ingresar en la etapa intermedia —instancia previa al juicio—, por lo que resulta necesario garantizar que los imputados permanezcan sujetos al proceso.
Por su parte, la Defensora Oficial Nº 3 Stefanía Cifuentes, en representación de los acusados, no se opuso a la prórroga de las medidas de coerción, aunque sí cuestionó el plazo solicitado por considerarlo excesivo, ya que en los próximos días se realizará la audiencia de control de acusación, paso previo al juicio oral.
Tras escuchar a las partes, la magistrada resolvió otorgar una prórroga menor a la solicitada y fijó en 75 días la extensión de las medidas. En el caso de Barloa, continuará con prisión preventiva, mientras que Barrientos seguirá bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Al fundamentar su decisión, la jueza consideró que el plazo dispuesto resulta adecuado en función del estado del proceso y de los tiempos previstos para la realización de la audiencia de control y una eventual elevación a juicio. También remarcó que, dada la cercanía de la etapa intermedia, corresponde evaluar con mayor rigurosidad los riesgos procesales, en línea con precedentes del Tribunal de Impugnaciones.