La Jueza de Garantía Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial, Agustina Dopazo Samper, resolvió morigerar la prisión preventiva que cumple Wilson Sánchez y otorgarle el beneficio de prisión domiciliaria, bajo estrictas condiciones de control y prohibición de contacto con la víctima y su entorno familiar.
La decisión fue tomada durante una audiencia realizada este miércoles, luego de que la defensa del imputado, representada por el abogado Héctor Zavala Agüero, solicitara sustituir la medida de prisión preventiva por arresto domiciliario en la vivienda de la madre de Sánchez, ubicada en la zona oeste de la ciudad de San Luis.
Sánchez se encuentra imputado por los delitos de “incumplimiento de una orden judicial, coacción, amenazas e instigación a cometer delitos”, en perjuicio de una mujer con la que había mantenido una relación.
Durante la audiencia de hoy, la defensa argumentó que ya se habían producido las principales medidas probatorias de la investigación, incluyendo la pericia sobre el teléfono celular del imputado, quien habría colaborado entregando las claves de acceso al dispositivo.
Además, solicitó autorización para que Sánchez pudiera continuar trabajando en una empresa de seguridad privada, dado que aún conservaría su empleo.
La Fiscalía de Género Nº 1, representada por la Fiscal Delia Bringas y la Fiscal Adjunta Marisol Boschi, no se opuso a la morigeración de la medida, aunque pidió reforzar las restricciones de contacto, recordando que los incumplimientos anteriores se habían producido principalmente por vías virtuales y telemáticas.
En ese sentido, las representantes del Ministerio Público Fiscal señalaron que Sánchez habría utilizado WhatsApp, redes sociales, perfiles falsos y hasta transferencias mediante Mercado Pago para mantener contacto con la víctima y sus hijas, incluso durante la vigencia de restricciones judiciales previas.
Por ello, solicitaron que se prohibiera cualquier forma de comunicación, directa o indirecta, por medios digitales, redes sociales, mensajes, plataformas electrónicas o perfiles falsos.
La Defensoría de Niñez y Adolescencia, representada por la Defensora Adjunta Belén Suárez, adhirió al planteo fiscal, especialmente respecto de la protección de una adolescente de 16 años integrante del grupo familiar.
Finalmente, la jueza resolvió otorgar la prisión domiciliaria bajo supervisión de la madre del imputado y ordenar la colocación de dispositivo electrónico de control.
Asimismo, dispuso una prohibición absoluta de contacto con la denunciante y sus hijas por cualquier medio —incluyendo redes sociales, mensajes, plataformas digitales o terceros— por el plazo de seis meses.
La magistrada también condicionó la autorización laboral solicitada por la defensa a la presentación semanal de los horarios y lugares de trabajo del imputado, a fin de permitir el control por parte de los organismos de supervisión.
Además, ordenó que Sánchez realice tratamiento semanal en el Centro Provincial de Adicciones, pudiendo desarrollarse de manera virtual para evitar traslados innecesarios.
El plnateo de la defensa se sostuvo en que ya no restan medidas probatorias pendientes de producción y que las principales diligencias investigativas ya fueron concretadas. En ese marco, el tribunal consideró viable revisar la modalidad de cumplimiento de la medida de coerción.
La prisión preventiva constituye una medida excepcional, susceptible de ser morigerada cuando las circunstancias procesales lo permiten y pueden neutralizarse los riesgos mediante mecanismos de control menos gravosos.
SOBRE LA CAUSA
De acuerdo a la investigación, la causa se originó tras una denuncia presentada por la víctima luego de finalizar el vínculo con el imputado. Según la fiscalía, Sánchez habría desplegado distintas conductas de hostigamiento y amedrentamiento mediante redes sociales, perfiles falsos y plataformas digitales, desde donde enviaba mensajes intimidatorios y realizaba publicaciones con fotografías e información personal de la mujer.
La investigación también sostiene que el imputado habría intentado mantener contacto permanente con la denunciante y su grupo familiar incluso durante la vigencia de restricciones judiciales previas, utilizando distintos medios electrónicos y cuentas alternativas para comunicarse.
Además, uno de los hechos más graves incorporados a la causa refiere a una presunta oferta de dinero realizada a un tercero para atentar contra la vida de la mujer, situación que motivó el avance de la investigación por el delito de instigación a cometer delitos.