Fernando Alejandro Oyola y Jonathan Rolando Torres cumplirán 90 días de prisión preventiva tras ser imputados por cinco hechos de robo simple en grado de tentativa vinculados a la sustracción de medidores de gas y caños de cobre en distintos domicilios de la zona oeste de la ciudad de San Luis.
La audiencia de formulación de cargos se desarrolló este jueves ante la Jueza de Garantía Nº 4, Luciana Banó. Intervino por la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 4 la Fiscal Adjunta Antonella Romagnoli, mientras que la Defensora Oficial en lo Penal Nº 2, Nadia Agúndez, asistió a ambos imputados.
Según la teoría del caso presentada por la Fiscalía, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 13 de mayo, cuando los imputados habrían intentado sustraer medidores de gas y caños de cobre de distintas viviendas ubicadas en inmediaciones de las calles Falucho, Constitución y Avenida Santos Ortiz.
Uno de los damnificados recibió una alerta de su cámara de seguridad privada cerca de las 2:17 de la madrugada. Al revisar las imágenes observó a personas intentando retirar el medidor de gas de su domicilio. Luego advirtió que continuaban hacia una vivienda vecina, por lo que decidió comunicarse con el 911 y aportar características físicas y de vestimenta de los sospechosos.
Minutos después, personal policial realizó un patrullaje por la zona y localizó a dos hombres cuyas características coincidían con las aportadas por el denunciante. Durante el procedimiento, los efectivos observaron que uno de ellos transportaba una bolsa que contenía reguladores de gas y caños de cobre, elementos similares a los denunciados como sustraídos.
Entre las principales evidencias mencionadas por el Ministerio Público Fiscal se encuentran denuncias de vecinos, entrevistas testimoniales, inventarios de objetos secuestrados y registros de cámaras de seguridad públicas y privadas.
Además, la Fiscalía señaló que en registros fílmicos incorporados a la causa se observa a los imputados trasladándose por inmediaciones del lugar de los hechos con mochilas y bolsas que posteriormente fueron secuestradas por personal policial.
La calificación legal provisoria atribuida a Oyola y Torres es la de coautores de robo simple en grado de tentativa —cinco hechos— en concurso real.
Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva por el plazo de 90 días al considerar acreditados riesgos procesales vinculados al peligro de fuga -debido a que los imputados se encontrarían en situación de calle- y de entorpecimiento de la investigación. Entre otros argumentos, hizo referencia a antecedentes y causas previas relacionadas con delitos contra la propiedad.
La defensora Agúndez se opuso al pedido de prisión preventiva y sostuvo que no existían elementos concretos que acreditaran riesgo de fuga ni peligro de entorpecimiento. En ese sentido, remarcó que ambos imputados habían brindado domicilio y contaban con arraigo familiar y emocional.
Asimismo, señaló que los hechos investigados no involucraron violencia sobre personas y cuestionó la extensión del plazo solicitado por la Fiscalía. La defensa argumentó además que restaban escasas medidas probatorias por producir, principalmente declaraciones testimoniales, por lo que consideró desproporcionado el dictado de una medida cautelar de 90 días.
Al resolver, la magistrada tuvo por formalizada la investigación penal preparatoria contra ambos imputados y ordenó la prisión preventiva por el plazo de 90 días.
Durante su resolución, la magistrada sostuvo que debía valorarse especialmente la reiterancia delictiva prevista en el Código Procesal Penal de San Luis. En el caso de Oyola, mencionó la existencia de antecedentes condenatorios, otras formulaciones de cargos y una investigación previa por delitos contra la propiedad. Respecto de Torres, también hizo referencia a la existencia de otra causa penal en trámite.
Finalmente, la jueza entendió que esos antecedentes evidenciaban “un desprecio al cumplimiento de la ley” y justificaban la necesidad de preservar el proceso frente a eventuales riesgos procesales, por lo que dispuso el alojamiento inmediato de ambos imputados en el Servicio Penitenciario Provincial mientras avanza la investigación.