La jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, ordenó este jueves la prisión preventiva por 90 días para Ezequiel Matías Garro, tras ser imputado por los delitos de robo en grado de tentativa, resistencia a la autoridad y violación de domicilio. La decisión se tomó en una audiencia donde la fiscal adjunta N° 4, Antonella Romagnoli, formuló cargos contra el imputado de 30 años por un hecho ocurrido el pasado 12 de mayo en la ciudad de San Luis,
Según la teoría del caso de la Fiscalía, alrededor de las 14 horas de ese día, Garro habría roto la ventana delantera derecha de un Ford Focus, estacionado en la calle Alberdi, cerca de Almafuerte. Del interior del vehículo, Garro presuntamente sustrajo un estéreo Sony Xploder, una campera negra y dos estuches de anteojos; elementos que fueron hallados minutos después tirados a pocos metros del auto.
El damnificado, que trabajaba en las inmediaciones, fue alertado por un vecino y al llegar al lugar, constató los daños y los objetos esparcidos. Personal policial, que se encontraba en la zona por un corte en la avenida España, fue advertido y comenzó la búsqueda del sospechoso, a quien describió el testigo.
Garro fue divisado pocas cuadras más tarde en una bicicleta negra. Al recibir la voz de alto, hizo caso omiso, se despojó del rodado y continuó la fuga a pie. Ingresó luego a un domicilio particular en Casa de Ejército de Los Andes, donde una vecina observó desde su departamento cómo el imputado se subía a los techos. Allí fue finalmente reducido y detenido por la policía.
Antecedentes y riesgos procesales
Romagnoli fundamentó el pedido de prisión preventiva en el alto riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación. Se destacó que Garro registra una imputación previa por hurto calificado (noviembre de 2025), donde incumplió con las medidas alternativas impuestas (firmar un libro), ya que solo concurrió dos veces. Además, en otra causa, no se presentó a dos audiencias de formulación de cargos, lo que llevó a la fiscalía a ordenar su detención el 7 de octubre pasado.
La fiscal argumentó que, de recuperar su libertad, el imputado podría intimidar a los testigos –vecinos que colaboraron con la identificación– y obstaculizar las medidas que aún restan, como el análisis de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones testimoniales y consideró que los 90 días eran necesarios para culminar con la acumulación de causas y avanzar en la investigación.
“Si el imputado recuperara su libertad podría amedrentarlos o manipularlos en relación al relato que estos deben brindar”, expresó Romagnoli.
Por su parte, la defensora Oficial en lo Penal N° 2, Nadia Agúndez, no formuló objeciones respecto de la imputación, aunque cuestionó el pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía al considerar que no existen elementos suficientes que justifiquen la medida cautelar.