La Jueza de Garantía Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial, Agustina Dopazo Samper, tuvo por formulados cargos contra Jonathan Emanuel Fernández por los delitos de “encubrimiento” y “resistencia a la autoridad”.
Según expuso la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 4, representada por el Fiscal Javier Amitrano, los hechos que se investigan ocurrieron el 3 de abril, cerca de las 17:50 horas, cuando personal policial realizaba recorridos preventivos en inmediaciones del barrio Lucas Rodríguez de la ciudad de San Luis.
De acuerdo a lo relatado, los efectivos observaron a Fernández y a otro hombre junto a un carro de venta ambulante de churros, ocultando elementos en la parte inferior del mismo. Al interceptarlos para identificarlos, uno de ellos habría intentado darse a la fuga. Posteriormente, durante la inspección del carro, se encontraron dos bolsas de cemento de 25 kilos marca Loma Negra, cuya procedencia no pudieron justificar. Además, Fiscalía sostuvo que ambos adoptaron una actitud agresiva y se negaron a colaborar con el procedimiento policial.
La investigación se sustenta, entre otros elementos, en actas policiales, inventario de objetos secuestrados, la denuncia del damnificado y el reconocimiento de los elementos como de su propiedad.
El otro imputado en la causa, identificado como el vendedor ambulante, no se presentó a la audiencia pese a encontrarse debidamente notificado.
Por su parte, la defensa, a cargo del Defensor Oficial en lo Penal Nº 1, Carlos Guillermo Salazar, cuestionó la existencia de contradicciones en las versiones atribuidas a los imputados y señaló inconsistencias temporales entre la denuncia y el procedimiento policial. También sostuvo que no se acreditó debidamente la propiedad ni la preexistencia de los elementos secuestrados.
Tras escuchar a las partes, la magistrada tuvo por formulados cargos de manera provisoria por los delitos de encubrimiento y resistencia a la autoridad.
Asimismo, rechazó la medida de coerción solicitada por Fiscalía al considerar que no existían riesgos procesales suficientes para justificarla, y señaló que será la investigación la que deberá determinar si los hechos ocurrieron de la manera planteada por las partes.