Este miércoles se realizó una audiencia de prórroga de prisión preventiva en una causa por violencia de género que tramita ante el Juzgado de Garantía Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de la jueza Agustina Dopazo Samper, quien resolvió extender la medida cautelar del imputado por el término de 60 días.
No se informa la identidad del imputado para preservar la privacidad de la víctima
En la audiencia estuvieron presentes, por la Fiscalía de Género Nº 2, la fiscal adjunta Mercedes García, y por la defensa el abogado Aníbal Constanzo.
Durante la audiencia, la defensa informó que la acusación ya fue presentada, por lo que en los próximos días podría realizarse la audiencia de control de acusación, paso previo a la elevación de la causa a juicio.
Al fundamentar el pedido de continuidad de la prisión preventiva, la Fiscalía expuso el contexto de violencia de género, física, verbal, sexual y psicológica en el que se encuentra inmersa la víctima, además del análisis de riesgo existente, la cantidad de delitos atribuidos y las reiteradas violaciones de medidas judiciales ya que el imputado habría incumplido en siete oportunidades órdenes judiciales de restricción de acercamiento, vinculadas a medidas dispuestas por la justicia de familia desde mayo de 2024.
Asimismo, destacó que la causa se encuentra en una etapa avanzada del proceso, con el inicio de la etapa intermedia, y que persiste la necesidad de “proteger a la víctima, a su grupo familiar y a determinados testimonios”, entre ellos los de los hijos de la denunciante, quienes fueron testigos de distintos episodios y prestaron declaración en cámara especial.
Por su parte, la defensa se opuso a la continuidad de la medida y solicitó que se otorgara prisión domiciliaria en función del estado de salud del imputado. También hizo referencia a un informe socioambiental —aún no incorporado formalmente al expediente— y propuso al padre del acusado como responsable del control de una eventual detención domiciliaria.
Sin embargo, la jueza rechazó ese planteo al considerar que, hasta el momento, no existe un impedimento médico que imposibilite el alojamiento del imputado en el Servicio Penitenciario.
“No veo que haya un impedimento para que cumpla su tratamiento médico”, sostuvo Dopazo Samper, al señalar que el acusado continúa siendo atendido y sometido a estudios médicos, y que, de ser necesario, desde el juzgado pueden requerirse las prestaciones correspondientes.
La magistrada entendió además que los riesgos procesales analizados al momento de dictarse la prisión preventiva no disminuyeron sino que aumentaron por la etapa en la que se encuentra el expediente.
En ese sentido, valoró una eventual condena de prisión efectiva, la multiplicidad de hechos imputados —entre ellos desobediencias judiciales, lesiones agravadas por violencia de género, abuso sexual simple, violaciones de domicilio y otros delitos— y el fracaso previo de medidas menos gravosas, evidenciado, según indicó, por los reiterados incumplimientos atribuidos al acusado.
Finalmente, Dopazo Samper consideró que el plazo de 60 días resulta razonable para concluir la etapa intermedia, avanzar eventualmente en un juicio abreviado o en la realización de la audiencia correspondiente para el eventual envío de la causa a juicio.