Fue impuesta por el Juez de Garantía Nº 2 de la Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Jorge Osvaldo Pinto, contra Diego Domingo Ponce en el marco de una causa donde se investigan los delitos de robo calificado por el uso de arma y la tentativa de homicidio de una niña de 10 años.
Pinto resolvió imponer la prohibición de contacto de Ponce con las víctimas y su entorno familiar por cualquier medio, incluidas redes sociales y aplicaciones de mensajería. También dispuso la limitación y monitoreo de comunicaciones, así como la prohibición de contacto con personas mencionadas en la investigación.
La resolución fue adoptada durante una audiencia de prórroga de medida de coerción realizada el pasado miércoles en Santa Rosa del Conlara. La audiencia se desarrolló de manera presencial en la sala del Juzgado de Garantía Nº 2, mientras que el imputado participó de forma virtual desde el Servicio Penitenciario Provincial ya que, se encuentra en prisión.
El Juez hizo lugar a lo solicitado por la Fiscal de Instrucción con Intervención en Contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores de la Tercera Circunscripción Judicial, Dra. Adriana Cangelosi, quien solicitó la aplicación de medidas específicas para evitar el entorpecimiento del proceso judicial. En ese sentido, requirió la prohibición absoluta de contacto del imputado con la víctima y su grupo familiar, además de restricciones de comunicaciones desde el establecimiento penitenciario, a saber: llamadas telefónicas y control de visitas.
Por otro lado la Defensora de Niñez, Adolescencia e Incapaces, Dra. María Luz Vílchez, hizo extensivo el pedido de restricción de comunicación hacia la niña y sus padres.
Finalmente el Magistrado ordenó librar oficio al Juzgado de Ejecución Penal de Villa Mercedes para que informe cualquier modificación en el régimen de detención del imputado y comunicó las restricciones impuestas al Servicio Penitenciario Provincial.
CONTINÚA LA INVESTIGACIÓN
Asimismo, en el marco de esta causa se realizó otra audiencia en los términos de los art. 139 y 141 del Código Procesal Penal en donde el Ministerio Público Fiscal solicitó autorización para el peritaje de un dispositivo móvil perteneciente a una persona con la cual el imputado se habría comunicado después del hecho.
La Fiscal Adriana Cangelosi expuso que la solicitud se fundamenta en la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida para descubrir la verdad real. Y que el pedido se asienta sobre una base probatoria sólida que vincula directamente el dispositivo con la planificación, ejecución y encubrimiento del delito.
La Defensora de Niñez y Adolescencia -María Luz Vílchez- adhirió a lo solicitado por el MPF, y consideró que es una medida pertinente, adecuada y también necesaria para determinar si existieron partícipes del hecho del cual fue víctima su representada.
La Defensa del dueño del dispositivo móvil -representada por Silvana Zunini y Adolfo Cafieri-, no formuló objeciones.
El Juez ordenó realizar la pericia técnica y extracción forense del celular a la División de Delitos Complejos. Los puntos de pericia abarcan el análisis de mensajería y redes sociales, recuperación de archivos multimedia, geolocalización, registros de actividad, etc.
SOBRE EL CASO
A Ponce se lo investiga por un hecho ocurrido el 20 de enero de 2026 a las 12:30 horas. Según la teoría del caso de la Fiscalía, ese día el imputado ingresó al parque exterior de una vivienda rural ubicada sobre la ex Ruta N° 23, a dos kilómetros de Santa Rosa del Conlara y entabló contacto con la víctima.
Posteriormente, habría ingresado a la casa con un elemento punzante (cuter o navaja), exigiendo la entrega de dinero e hiriendo en el cuello a la niña, quién logró sobrevivir al simular estar sin vida, lo que motivó la huida del imputado.
Para mayor información sobre este caso, ingresar a los siguientes enlaces:
https://www.periodicojudicial.gov.ar/?p=481305
https://www.periodicojudicial.gov.ar/?p=484625
Prensa Judicial