El Juzgado de Garantías N° 1 resolvió este lunes prorrogar por 60 días la prisión domiciliaria de Katrina Celenia González Faide, imputada en una causa por lesiones graves, y autorizó además el cambio del domicilio donde cumplirá la medida de coerción.
La decisión fue adoptada este martes durante una audiencia de revisión de medida coercitiva prevista en el artículo 208 del Código Procesal Penal, presidida por el juez Juan Manuel Montiveros Chada.
Durante la audiencia, la defensa, representada por el abogado Delfín Chávez, solicitó el cambio de domicilio al argumentar dificultades económicas para sostener el lugar donde actualmente la joven cumple la prisión domiciliaria y señaló además la cercanía existente entre el domicilio familiar y el de la víctima. La Fiscalía no formuló objeciones a ese pedido.
En el mismo acto, el Fiscal de Instrucción N° 1, Francisco Assat, solicitó la prórroga de la medida por 70 días, al sostener la persistencia de riesgos vinculados a la protección de la víctima y el avance del proceso judicial. El representante del Ministerio Público Fiscal indicó que la causa se encuentra próxima a una nueva etapa procesal, ya que se está corriendo traslado del requerimiento de elevación a juicio.
La defensa se opuso a la extensión de la medida y pidió alternativas menos restrictivas, como la firma periódica del libro y una orden de restricción de acercamiento. Además, remarcó que la imputada tiene 18 años y sostuvo que la medida afecta aspectos vinculados con su educación y derechos personales.
Finalmente, el magistrado resolvió autorizar el traslado de la imputada a un nuevo domicilio y hacer lugar parcialmente al pedido fiscal, prorrogando la prisión domiciliaria por un plazo de 60 días, contados a partir del vencimiento de la medida actual, previsto para el 30 de mayo. La defensa dejó planteadas reservas respecto de la solicitud formulada por la Fiscalía.
El hecho que se investiga
La imputada es investigada tras protagonizar presuntamente un hecho ocurrido el 28 de enero durante un evento social realizado en la plazoleta “El Cristo”, en la ciudad de San Luis. Allí habría protagonizado una discusión con otra mujer motivada por conflictos previos entre ambas. Según la teoría del caso de la Fiscalía, el enfrentamiento comenzó con agresiones físicas a golpes de puño y, tras una aparente finalización del episodio, la González se retiró del lugar.
Sin embargo, la situación no terminó allí: la imputada regresó minutos después al lugar donde se encontraba la víctima. Bajo el pretexto de conversar y resolver las diferencias, se aproximó y atacó sorpresivamente a la joven con un cuchillo, asestándole múltiples cortes y lesiones, varias de ellas dirigidas al rostro y otras compatibles con maniobras defensivas.
El Ministerio Público Fiscal afirmó que la secuencia fue observada por testigos presenciales y parcialmente registrada en un video captado por uno de ellos, elemento que, junto a las entrevistas testimoniales, informes médicos y periciales incorporados a la investigación, permite sostener la autoría atribuida a la imputada.
La imputación destacó además que las lesiones fueron calificadas como graves por la médica forense, quien señaló la posibilidad de deformación permanente del rostro y estableció períodos de curación e incapacidad. Asimismo, el informe interdisciplinario de evaluación de riesgo determinó un nivel alto de conflictividad y peligro, advirtiendo una escalada de violencia entre las partes.
Sobre esa base, la Fiscalía sostuvo que existen elementos de convicción suficientes para atribuir a González la autoría del delito de lesiones graves.