Este martes se realizó una audiencia en el Juzgado de Garantía Nº 3 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo del juez Marcos Flores Leyes, en el marco de una investigación por presuntos delitos contra la integridad sexual y producción de representaciones de personas menores de edad con fines sexuales.
Participaron de la audiencia la Fiscalía de Instrucción Penal en Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores Nº 2, representada por la fiscal Antonella Córdoba; la Defensora de Niñez, Adolescencia e Incapaces Nº 3, Silvina García, junto a la defensora adjunta Belén Suárez; el abogado querellante Sebastián Aravena y el defensor del imputado, Héctor Zabala Agüero.
La medida tuvo como finalidad avanzar en la identificación de las personas y de los lugares que aparecen en once piezas audiovisuales incorporadas a la investigación. Para ello, fueron convocadas dos personas que mantienen vínculos familiares o de cercanía con el imputado y/o con algunas de las personas registradas en el material analizado.
Durante la audiencia, las personas citadas observaron videos y fotografías secuestrados durante la investigación y debieron manifestar si reconocían a las personas adultas y menores de edad que aparecen en las imágenes. Asimismo, fueron consultadas acerca de los lugares registrados en el material audiovisual y si podían identificarlos.
Antes de comenzar con la exhibición del material, el juez procedió, en presencia de todas las partes, a la apertura de los sobres que contenían los dispositivos electrónicos donde se encontraban alojados los archivos audiovisuales. La medida tuvo por objeto verificar el resguardo de la cadena de custodia y garantizar la integridad de la evidencia incorporada a la causa.
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
La causa se inició a partir del hallazgo de dos dispositivos de almacenamiento digital en dependencias del Complejo Penitenciario Nº 1. Tras su análisis por parte de organismos especializados, la Fiscalía impulsó una investigación que permitió avanzar en la identificación de un hombre que se desempeñaba como agente penitenciario.
En octubre de 2025, la Fiscalía formuló cargos por los presuntos delitos de corrupción de menores agravada por el vínculo, abuso sexual simple agravado por la convivencia y producción de representaciones de personas menores de edad con fines sexuales. Las presuntas víctimas serían personas menores de edad que pertenecen a su familia.
En esa oportunidad, la entonces jueza de Garantía Nº 3, Natalia Lazarte Otero, tuvo por formulados los cargos y ordenó la prisión preventiva del imputado por el plazo de 120 días. Posteriormente, la medida de coerción fue prorrogada por igual período al considerarse vigentes los riesgos procesales y la necesidad de continuar con la producción de prueba.
La investigación continúa con la realización de distintas medidas probatorias orientadas a esclarecer los hechos investigados y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.