El juez de Garantía Nº 3 de la Primera Circunscripción Judicial, Marcos Flores Leyes, homologó un acuerdo de juicio abreviado y condenó a Cristian Abel Rosales a tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por una serie de delitos cometidos entre mayo de 2024 y diciembre de 2025. En la audiencia intervinieron el fiscal de Instrucción en lo Penal Nº 3, Esteban Roche, la fiscal adjunta María José Guiñazú y la defensora Oficial en lo Penal Nº 3, Cecilia Cabello.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal expuso que se pudo probar su participación en ocho hechos investigados en distintas causas, consistentes en una violación de domicilio; dos robos calificados por escalamiento en grado de tentativa; dos robos simples en grado de tentativa; un robo agravado por el uso de arma; un hecho de encubrimiento simple y dos hechos de resistencia a la autoridad.
Según la acusación, los hechos ocurrieron en distintos sectores de la ciudad de San Luis e involucraron ingresos ilegítimos a viviendas, intentos de apoderamiento de bienes, el uso de un arma blanca para intimidar a una víctima durante un robo, la agresión a efectivos policiales y la posesión de elementos provenientes de un ilícito. En todos los casos, Rosales fue detenido por personal policial y admitió su responsabilidad durante la audiencia.
La Fiscalía sostuvo que la acusación se encontraba respaldada por las denuncias de las víctimas, entrevistas testimoniales, actas policiales, croquis, secuestros, reconocimientos de elementos y demás medidas incorporadas a las distintas investigaciones.
Al fundamentar el acuerdo, el Ministerio Público Fiscal señaló que se encontraban reunidos los requisitos previstos en el Código Procesal Penal para la aplicación del juicio abreviado. Como circunstancia atenuante valoró la situación de vulnerabilidad que presenta el imputado, derivada de un grave problema de consumo problemático, mientras que como agravante tuvo en cuenta sus antecedentes penales condenatorios.
Por su parte, la defensa manifestó que había explicado a su asistido el alcance del procedimiento y confirmó que Rosales comprendía el acuerdo, reconocía voluntariamente los hechos, aceptaba la calificación legal atribuida y prestaba conformidad con la pena acordada.
A lo largo de la exposición de cada uno de los hechos, el juez interrogó personalmente a Rosales para verificar si recordaba los episodios relatados por el Ministerio Público Fiscal y si reconocía su participación y autoría en ellos. En cada oportunidad, el imputado respondió afirmativamente, aceptó la calificación legal atribuida por la Fiscalía y manifestó su conformidad con el procedimiento abreviado.
Asimismo, se informó que las víctimas fueron debidamente notificadas sobre la realización del juicio abreviado. Ninguna se constituyó como querellante ni compareció para formular observaciones al acuerdo.
Antes de resolver, el juez verificó que el imputado comprendía el alcance del procedimiento especial, que su consentimiento había sido prestado de manera libre, voluntaria e informada y que el acuerdo celebrado por las partes reunía los requisitos legales. También consideró que la prueba respaldaba los hechos reconocidos, que la calificación legal era ajustada a derecho y que la pena acordada resultaba razonable y proporcional.
En consecuencia, Flores Leyes homologó el acuerdo de juicio abreviado, declaró a Cristian Abel Rosales penalmente responsable de los delitos atribuidos y lo condenó a cumplir la pena de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, con más las accesorias legales y las costas procesales.
Rosales permanecía detenido con prisión preventiva desde diciembre de 2025, medida de coerción que se encontraba vigente al momento de celebrarse la audiencia. Tras la homologación del acuerdo, pasó a revestir la condición de condenado y la causa fue remitida al Juzgado de Ejecución Penal para el cumplimiento de la pena impuesta.
El juicio abreviado es un procedimiento especial previsto en el Código Procesal Penal que permite concluir una causa sin la realización de un juicio oral, cuando la Fiscalía, la defensa y el imputado acuerdan los hechos, la prueba, la calificación legal y la pena. Para su homologación, el juez debe verificar que el imputado comprenda el alcance del acuerdo y que su aceptación haya sido libre, voluntaria e informada.