Un hombre de 58 años fue enviado este viernes al Servicio Penitenciario con prisión preventiva luego de que la jueza de Garantía N° 2 de la ciudad de San Luis, Agustina Dopazo, diera por formulados los cargos por los delitos de abuso sexual, amenazas e incumplimiento de una orden de restricción. Las presuntas víctimas son su ex esposa y su hijo de 10 años.
La Fiscalía de Género 1, representada por la fiscal Delia Bringas y la fiscal adjunta Marisol Boschi, expuso que la investigación se inició a partir de una denuncia por hechos de violencia ocurridos en el ámbito familiar, que derivaron en la finalización de una relación de pareja luego de 10 años de convivencia y en el dictado de medidas de restricción de acercamiento en favor de la denunciante y su hijo.
Posteriormente, el niño habría revelado a su madre situaciones de presunto abuso sexual ocurridas durante el período de convivencia familiar. La Fiscalía señaló que el menor pudo ofrecer un relato sobre esos hechos durante una entrevista en Cámara Gesell, diligencia que forma parte de la evidencia incorporada a la investigación.
Para la fiscal, los hechos se encuadran en la calificación legal de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y por el aprovechamiento de la complicidad preexistente en contra del niño y amenazas en contra de la mujer, además de incumplimiento de un orden judicial en dos oportunidades; y solicitó 90 días de prisión preventiva.
La jueza Agustina Dopazo consideró que los elementos presentados por la Fiscalía resultaban suficientes para esta etapa procesal y destacó que, en investigaciones por hechos ocurridos en ámbitos intrafamiliares, deben valorarse también las evidencias periféricas, como informes y pericias, cuya producción continuará durante el proceso.
Además, entendió que existían riesgos para las víctimas y de entorpecimiento que no podían ser neutralizados mediante una prisión domiciliaria sin dispositivo electrónico, especialmente ante los presuntos incumplimientos de medidas de restricción. Por ello, hizo lugar al pedido fiscal y dispuso la prisión preventiva del imputado por 90 días y dejó abierta la posibilidad de revisar la medida si pudiera implementarse un sistema de monitoreo electrónico.
La teoría del caso de la Fiscalía
Según la formulación, durante uno de los episodios denunciados a mediados de 2025, el imputado habría agredido y amenazado a la mujer, situación que habría ocurrido en presencia del niño. Tras ese episodio, la mujer y su hijo se fueron de la casa. “La mujer golpeada y su hijo de 10 años caminaron durante 3 horas con apenas un bolsito, hasta que llegaron a la ciudad de San Luis e hicieron la denuncia”, narró Bringas.
Posteriormente, el niño habría revelado a su madre situaciones de presunto abuso sexual ocurridas durante el período de convivencia familiar. La Fiscalía señaló que el menor pudo ofrecer un relato sobre esos hechos durante una entrevista en Cámara Gesell, diligencia que forma parte de la evidencia incorporada a la investigación.
La imputación también contempla presuntos incumplimientos de las medidas de restricción vigentes ya que el imputado habría concurrido en distintas oportunidades a lugares frecuentados por la denunciante y el niño, como la escuela o un hospital, pese a las prohibiciones judiciales.
“El 23 de septiembre de 2025 se acercó con su camioneta al lugar donde ambas víctimas estaban y les hizo gestos amenazantes con el dedo cerca del cuello, haciendo alusión a lo que les iba a pasar y que tantas veces ya les había dicho antes”, dijo la fiscal.
A partir de los elementos reunidos y de la declaración del niño en Cámara Gesell, la Fiscalía dispuso la detención del imputado y solicitó la prisión preventiva por 90 días, y fundamentó su pedido en la gravedad de los hechos investigados, el riesgo para las presuntas víctimas y la posibilidad de entorpecimiento de medidas probatorias aún pendientes.
La palabra de la Defensoría de Niñez
La defensora adjunta de Niñez, Belén Suárez, adhirió a lo planteado por el Ministerio Público Fiscal, tanto respecto de la plataforma fáctica como de la calificación legal. Señaló que el niño había relatado en Cámara Gesell situaciones de violencia que habría presenciado contra su madre y hechos de maltrato y presunto abuso sexual que habría sufrido durante la convivencia familiar. También destacó la existencia de medidas de restricción dictadas en protección del niño y su madre, cuyo presunto incumplimiento habría sido denunciado en distintas oportunidades.
En ese contexto, la representante de la Defensoría consideró que existía un riesgo elevado para el niño y que las medidas de coerción menos gravosas no resultarían suficientes para neutralizarlo. Fundamentó su postura en la situación de vulnerabilidad del menor, el vínculo con el imputado y los presuntos incumplimientos de las restricciones vigentes. Por ello, adhirió al pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía y solicitó que se dispusiera por el plazo de 120 días, teniendo en cuenta además las medidas probatorias y pericias psicológicas aún pendientes.
La defensa se opuso a la preventiva
El imputado se abstuvo de declarar y fue representado por la defensora oficial adjunta en lo Penal N° 2, Eva Morel, quien se opuso al pedido de prisión preventiva y cuestionó que la situación de vulnerabilidad de la denunciante y su hijo fuera atribuida al imputado. Señaló que las medidas de protección habían sido dispuestas durante un período prolongado sin que se hubiera ordenado su exclusión del hogar.
También puso en duda la suficiencia de los elementos incorporados respecto de los presuntos incumplimientos de las restricciones y sostuvo que aún restaban producir informes vinculados con la entrevista en Cámara Gesell y otras pericias.
En cuanto a los riesgos procesales, afirmó que su defendido siempre se mantuvo a derecho, no intentó evadir la Justicia y fue localizado en su domicilio. Por ello solicitó el rechazo de la preventiva; subsidiariamente, propuso que se dispusiera prisión domiciliaria en el domicilio informado, y que se contemplen sus necesidades de atención médica.