El Juzgado de Garantía Nº 2 de la Tercera Circunscripción Judicial elevó a juicio una causa contra J.D.L, acusado de participar en un robo a mano armada en una vivienda de Cortaderas, durante el cual fue asesinado el oficial de Policía Renato Mauricio Fuentes. La Fiscalía solicitó la pena de prisión perpetua. Además, el magistrado prorrogó por 90 días la prisión preventiva del acusado.
La audiencia de control de acusación estuvo a cargo del juez Jorge Osvaldo Pinto, con intervención del fiscal de Instrucción Nº 2, Marcelo Saldaño, y la fiscal adjunta Lucila Giampieri. La querella estuvo representada por el abogado Gustavo Reviglio, mientras que la defensa del acusado fue ejercida por Soledad Poma de Otaegui.
De acuerdo con lo relatado por la fiscalía, el hecho ocurrió el 20 de septiembre de 2024, alrededor de las 20:30 horas, en una vivienda ubicada en el loteo El Prado, a unos 800 metros de la Ruta Provincial Nº 1, en la localidad de Cortaderas.
Allí, J.D.L habría ingresado al domicilio junto a Dolores Mauro Villegas Vieyra, los dos con armas de fuego. Una vez en el interior, se dirigieron hacia la planta alta de la vivienda, donde sorprendieron a una mujer y a su hijo.
El joven, al advertir la presencia de los hombres, se habría encerrado en su habitación. Ante esta situación, los asaltantes amenazaron con matar a su madre si no abría la puerta. Luego ingresaron por la fuerza, lo golpearon reiteradamente, le cubrieron la cabeza y lo inmovilizaron con precintos.
La Fiscalía sostuvo que los hombres exigieron la llave de una caja fuerte y se apoderaron de distintas armas de fuego, municiones, teléfonos celulares, un anillo de oro, dos millones de pesos y tres mil dólares.
Cuando intentaban abandonar la propiedad con los elementos sustraídos, arribó personal policial al lugar.
Según la acusación, el oficial principal Renato Mauricio Fuentes sorprendió a Villegas Vieyra dentro de la vivienda y le ordenó que se arrojara al suelo. Sin embargo, el hombre habría escapado por una puerta trasera y, al ser perseguido por el efectivo, comenzó a dispararle.
En ese momento se produjo un enfrentamiento armado en el exterior del inmueble, en el que también intervino el subcomisario Abel Caro.
La Fiscalía atribuyó a J.D.L haber efectuado disparos contra Caro desde el fondo de la propiedad, mientras Villegas Vieyra intercambiaba disparos con Fuentes.
Durante el enfrentamiento, el oficial Fuentes recibió tres impactos de arma de fuego, uno en una mano, otro en la base del cuello y un tercero en la región costal izquierda. Las lesiones comprometieron órganos vitales y provocaron una hemorragia que derivó en su fallecimiento.
Según la fiscalía, ambos hombres habrían disparado contra los efectivos policiales con el propósito de garantizar su fuga y evitar ser detenidos por el robo.
Villegas Vieyra resultó herido durante el enfrentamiento y fue trasladado al Hospital Madre Catalina Rodríguez, donde falleció al día siguiente.
J.D.L, por su parte, habría logrado escapar del lugar. Según la Fiscalía, fue detenido el 22 de septiembre de 2024 en un control policial ubicado en La Punilla, en el límite entre San Luis y Córdoba, cuando intentaba trasladarse hacia la provincia de Buenos Aires.
LAS PRUEBAS Y LA ACUSACIÓN FISCAL
Para sostener la participación de J.D.L en el hecho, el Ministerio Público Fiscal mencionó distintas evidencias reunidas durante la investigación penal preparatoria.
Entre ellas, destacó las imágenes recuperadas de una cámara de seguridad sustraída de la vivienda, prendas de vestir secuestradas durante un allanamiento que presentaban rastros de deflagración de pólvora y precintos similares a los utilizados para inmovilizar a una de las víctimas.
También hizo referencia a un dermotest que arrojó resultado positivo para rastros de pólvora en la mano derecha del acusado, una pericia antropométrica y declaraciones testimoniales.
La Fiscalía señaló, además, que Villegas Vieyra, cuando fue encontrado herido después del enfrentamiento, habría identificado a su acompañante mediante el apodo de “Ringo”, sobrenombre que, según la investigación, corresponde a Lescano.
El Ministerio Público Fiscal calificó los hechos como robo calificado por el uso de arma de fuego y homicidio doblemente agravado, por haber sido cometido para procurar la impunidad de otro delito —homicidio criminis causa— y por tratarse la víctima de un integrante de una fuerza policial en ejercicio de sus funciones, en concurso real.
La acusación atribuye a J.D.L la coautoría de ambos delitos y solicita que sea condenado a prisión perpetua.
La querella adhirió a la acusación y a la pretensión punitiva formulada por la Fiscalía.
LA POSTURA DE LA DEFENSA
Durante la audiencia, la defensora Stefania Soledad Poma de Otaegui rechazó los hechos atribuidos a su representado y cuestionó las evidencias presentadas por el Ministerio Público Fiscal.
Entre sus planteos, señaló que no se encontró el arma de fuego que se atribuye a J.D.L. y cuestionó la fiabilidad del dermotest, al sostener que fue realizado más de 48 horas después del hecho.
También indicó que existían contradicciones respecto de las prendas secuestradas y que la gorra hallada durante el procedimiento no coincidía con la observada en las imágenes de seguridad.
La defensora sostuvo que la secuencia de los disparos no permitía demostrar por sí sola la participación de Lescano en el homicidio y cuestionó los fundamentos de la calificación legal propuesta por la Fiscalía.
Luego de escuchar a las partes, el juez Jorge Osvaldo Pinto tuvo por formulada la acusación, declaró concluida la investigación penal preparatoria, admitió las pruebas ofrecidas por la Fiscalía, la querella y la defensa, y ordenó la apertura a juicio.
La causa fue remitida a la Cámara de Apelaciones quien fijará la fecha en la que se realizará el juicio oral.
PRORROGARON LA PRISIÓN PREVENTIVA DEL ACUSADO
En la misma causa, el juez Pinto resolvió prorrogar por 90 días la prisión preventiva de J.D.L, quien permanece alojado en el Complejo Penitenciario Nº 2, ubicado en Pampa de las Salinas.
El fiscal Marcelo Saldaño había solicitado una extensión de 120 días al considerar que persistían riesgos procesales y que no existían medidas alternativas suficientes para garantizar la continuidad del proceso.
Para fundamentar su pedido, señaló que J.D.L no contaba con domicilio ni trabajo fijo en Cortaderas, que había sido detenido cerca del límite provincial y que, al momento de su aprehensión, tenía un documento con su fotografía, pero a nombre de otra persona.
También mencionó sus antecedentes condenatorios y la gravedad de la pena que podría corresponderle en caso de resultar condenado.
La querella acompañó el pedido fiscal, mientras que la defensa no se opuso a la continuidad de la prisión preventiva, aunque solicitó que la prórroga fuera de 90 días en lugar de los 120 requeridos.
Finalmente, el magistrado hizo lugar parcialmente a la solicitud de la Fiscalía y dispuso que J.D.L permanezca detenido, mientras la causa avanza hacia la instancia de juicio oral.