Juezas, ordenanzas, secretarias, administrativas, ministras. De las 1343 personas que trabajan en el Poder Judicial de San Luis, 863 son mujeres. De esta cifra se desprende otro dato central que diferencia a la justicia puntana del resto de los poderes judiciales del país: la participación femenina aumenta para las categorías superiores.
DATOS
El ejemplo más claro es la composición del Superior Tribunal de Justicia. De sus cinco integrantes, tres son mujeres: Cecilia Chada, Andrea Monte Riso y Diana Bernal. La estructura del servicio de justicia provincial se constituye, además, con leve mayoría de juezas (55 mujeres a 54 varones), y con un marcado porcentaje en el cargo de funcionarias: el 76 por ciento son mujeres. La media nacional es 60%-40% a favor de los hombres.
Una de las explicaciones que surgen de estos datos es que la participación femenina en los distintos escalafones del Poder Judicial es numerosa porque también es mayor la presentación de las mujeres a los concursos para la magistratura o para el ingreso a esta institución del Estado.
Esto demuestra el trabajo de la organización para reducir las barreras ocultas –como la maternidad, el cuidado del hogar, etc-, que operan desalentando a las mujeres a competir para ocupar los cargos de mayor jerarquía. De esta manera el trabajo se vuelve compatible con otras actividades y acompaña el desarrollo integral de las mujeres judiciales.
Además, el género no es un impedimento para acceder a los cargos en todos los escalafones del Poder Judicial de San Luis. Los ingresos se realizan a través de concursos en donde se evalúa la idoneidad de los/las aspirantes. Esto se suma a la cantidad de licencias que permiten aunar el trabajo en la justicia con otras labores: docencia, deporte, estudio, son algunos ejemplos.
Todos estos aspectos hacen del Poder Judicial puntano un lugar respetuoso de las diferencias de género y un reconocimiento a la actitud proactiva que deben tener los gobiernos para lograr una sociedad más justa.
La distribución del personal administrativo, al igual que en el resto de las cortes provinciales, también es mayoritariamente femenino: son 638 agentes judiciales mujeres y 190 agentes masculinos.
En el Ministerio Público de la Defensa la distribución favorece la presencia de las mujeres: son 9 Defensoras frente a 6 Defensores, y en la categoría de funcionarios/as, todas son mujeres. Solo en el Ministerio Público Fiscal hay más varones en los puestos más jerárquicos: 12 a 7 (esta categoría incluye a Procuradoras/es, Fiscales/as y funcionarios/as). Sin embargo, el 80 por ciento de del escalafón administrativo de esta repartición son mujeres.
Los datos surgen de un relevamiento que realiza todos los años la Dirección de Recursos Humanos del Poder Judicial puntano. Toda esta información luego es publicada en el Mapa de Género de la Justicia Argentina, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación.
El último informe subido a la página de la Oficina es el del 2020. Al igual que en años anteriores, se observa que, si bien el sistema de Justicia nacional está conformado por un 56% de mujeres, su participación disminuye en las posiciones superiores.
El estudio sumó 130 cargos en los Superiores Tribunales Provinciales “efectivamente ocupados”, donde se observa que el 69% de los integrantes de las cortes de justicia son desempeñados por hombres y el 31% por mujeres.
Sin embargo, sobre este aspecto puntual hay casos que rompen con la regla y son las provincias de Misiones, San Luis, la ciudad autónoma de Buenos Aires y Santa Cruz que tienen más mujeres que hombres ejerciendo la máxima magistratura.
En la página de la Oficina de la Mujer se puede visualizar la versión interactiva del Mapa de Género con información actualizada desde 2011 hasta 2020 para cada una de las jurisdicciones del sistema de justicia. También se analizan las tendencias en cuanto a la presencia de mujeres en la magistratura y en los cargos superiores a nivel nacional y en cada jurisdicción.
UN PASO HACIA ADELANTE
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PODER JUDICIAL
El Acuerdo 561/2018 estableció el régimen de licencias para todo el personal del Poder Judicial de San Luis e incorporó algunos artículos para propiciar la igualdad de derechos entre varones y mujeres.
Para quienes llevan adelante un embarazo existen diferentes licencias como: la de maternidad (90 días), hora de lactancia, cuidado del hijo/a recién nacido (hasta los cuatro meses y medio del bebé).
El artículo 22 reconoce la licencia para el otro progenitor o progenitora por el término de diez días corridos y 15 días corridos en caso de nacimiento múltiple, discapacidad y/o dolencias que supongan riesgo de vida.
De esta manera el derecho se hace extensivo a parejas del mismo sexo y colabora con la unidad familiar distribuyendo la carga del trabajo de cuidado de manera equitativa.
Además, la licencia por maternidad está absolutamente equiparada a la de adopción, contando con los mismos derechos y duración y haciéndose extensiva a parejas del mismo sexo.
El artículo 25 reconoce la licencia por examen llegando hasta 30 días por año en caso de cursar carreras universitarias o posgrados. También establece permisos en caso de participar de congresos, jornadas o simposios.
Por último, existe la licencia deportiva para quienes sean designadas para intervenir en campeonatos selectivos hasta 25 días hábiles por año calendario.
LEY MICAELA
Desde el 2020 el Poder Judicial de San Luis ha formado replicadores y replicadoras en materia de género y violencia de género a través de un curso que dictó la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Esta capacitación se realizó en el marco de la aplicación de la Ley Micaela (N°27499). Se trata de una ley nacional a la que San Luis adhirió en el año 2019 que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
Los talleres de la Oficina de la Mujer han sido validados por el Sistema de Naciones Unidas en la Argentina y reconocidos como “buenas prácticas” por la Organización de Estados Americanos.
Colaboración: Valeria Sosa, Directora de RRHH del Poder Judicial de San Luis.