Con la reforma del Código Procesal Penal de la provincia de San Luis, se reasignaron roles a distintos actores judiciales y se incorporaron nuevas modalidades en el proceso de defensa, con el propósito de hacer efectivo el acceso a justicia a quienes acuden a las defensorías por representación y/o asesoramiento.
Este nuevo sistema requiere que las defensorías penales recaben evidencias para elaborar su defensa, lo que muchas veces implica el acercamiento de los/as defensores/as al domicilio de las personas que representan, ya sea porque residen en lugares alejados y no cuentan con medios de movilidad o tienen algún otro impedimento para trasladarse a la dependencia judicial.
En este marco, la Defensora Oficial en lo Penal Nº 2 de la Segunda Circunscripción Judicial, Dra. Eliana Pradel, sostiene que el nuevo sistema acusatorio “complejiza la función de la defensa pública que tiene nuevos desafíos para garantizar el derecho de defensa de las personas que representa, principalmente porque debe pensar de qué manera gestiona, articula y produce evidencia propia, aún a pesar de no contar con las mismas herramientas que el Ministerio Público Fiscal”. En el mismo sentido, el Defensor Oficial en lo Penal Nº 1 de la Tercera Circunscripción, Dr. José Luis Guiñazú, afirma: “en este punto, deberíamos incluir desde las entrevistas con imputados y futuros testigos; hasta investigaciones realizadas por el propio defensor, dentro y fuera del recinto tribunalicio”.
Este cambio, ha permitido un mayor contacto de los/as defensores/as con la comunidad, “La defensoría se acerca de acuerdo a la necesidad. Además de las pruebas testimoniales, hacemos mucho hincapié en lo que es ir al lugar del hecho, pero también, en las inspecciones oculares que antes la defensoría no hacía de forma unilateral. Ahora sí las hacemos, vamos al lugar del hecho y hablamos con la gente, lo que nos da una mayor perspectiva de la situación y nos ha permitido, en muchos casos, tomar más dimensión del contexto”, explica la Defensora Oficial en lo Penal Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial, Dra. Nadia Agúndez. La funcionaria agrega que también se acercan para corroborar domicilios, porque al ser una necesidad el arraigo de los/as imputados/as, “nos ha pasado que no saben sus domicilios, por lo cual hemos tenido que concurrir con indicaciones mínimas para encontrar dirección y recabar información sobre posibles familiares para sostener un domicilio fijo y evitar, por ejemplo, una prisión preventiva”.
JUSTICIA CERCA
Con la puesta en marcha del nuevo régimen penal, el/la defensor/a desempeña un trabajo más activo, “en este rol, quedó atrás la figura del funcionario recluido en su despacho, precisamente porque la función activa de la actual defensa penal requiere de una actividad que difícilmente se pueda cumplir debida y acabadamente dentro del edificio judicial”, expresa el Dr. Guiñazú. En consonancia con el defensor, la Dra. Pradel asegura que “pasar a ser partícipes activos de la construcción de la verdad jurídica, requiere que los hechos sean investigados de manera autónoma e independiente para presentar una teoría propia sobre cómo sucedieron y que los/las magistrados/as puedan tomar decisiones de mayor calidad con la mayor información posible y que se eviten así sentencias erradas”.
Por su parte, la Dra. Agúndez agrega que esta nueva modalidad en el proceso, trae una defensa más proactiva, “que toma más decisiones y tiene mayor independencia, que es lo más beneficioso para la defensa. Creo que son muchos los beneficios de esta modalidad, ya que la mayoría de las salidas también se hacen en horas de la tarde, por lo cual permite también una organización, durante la mañana trabajar dentro de la oficina y por la tarde, trabajo de campo”.
Esta reasignación de roles de los/as defensores trajo aparejado un cambio significativo en el ejercicio de la defensa, con una labor más humanitaria, de contacto directo con la realidad, más cerca de la gente.