La Cámara Penal N° 1 Residual de la ciudad de San Luis comenzó a juzgar este miércoles a un hombre por abuso sexual, privación ilegítima de la libertad y lesiones, en perjuicio de su ex pareja con quien mantenía una relación de convivencia desde hacía más de veinte años. Por estos supuestos hechos, denunciados por la víctima en octubre de 2020, el imputado enfrenta un pedido de condena de 23 años de prisión. Durante la primera jornada del juicio se abstuvo de declarar.
Los delitos que se le imputan son: privación ilegítima de la libertad agravada, abuso sexual con acceso carnal agravado por el daño causado y lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, todo en concurso real (tres hechos), y llega al juicio oral detenido con prisión preventiva. El debate se lleva adelante en la Sala N° 1 del edificio de Tribunales y se extenderá a lo largo de tres audiencias hasta el próximo viernes.
El tribunal a cargo del proceso está integrado por Jose Luis Flores, en su carácter de presidente, y las vocalías de Jorge Sabaini Zapata y María Eugenia Zabala Chacur.
El acusado, representado por el Defensor Oficial Esteban Sala, es un hombre de 49 años que se dedicaba a la reparación de electrodomésticos y que vivía con la denunciante en la localidad puntana de Potrero de Los Funes. La pareja se conoció cuando ella tenía 18 años y él 24. De acuerdo a la acusación fiscal, la víctima sufrió violencia de género a lo largo de los 23 años que duró la relación.
“La violencia en el interior del seno familiar era de tal magnitud que no solo le quedó una deformidad en una de orejas, sino que también su hija fue víctima de esos ataques y por ello escapó de su vivienda”, dice un fragmento de la acusación del fiscal Esteban Roche.
La mujer denunció, además, que era tal sometimiento que presuntamente vivía, que dejaba que el acusado tuviera relaciones con otras personas porque de esa forma la trataba mejor. También recalcó que el miedo que tenía de su pareja era tan grande, que se comunicaba con sus familiares directos a escondidas o utilizaba distintas cuentas de correo electrónico. Por este motivo, los hermanos de la mujer la ayudaron con un alquiler para que se mudara a la ciudad de San Luis con sus hijos pero en noviembre de 2019 la pareja se reconcilia y la víctima regresa a Potrero.
Según la acusación fiscal, las presuntas conductas atribuidas al imputado, “consistieron en primer término en abusos sistemáticos de su pareja, forzándola a mantener relaciones sexuales cuando ella no quería”, o incluso accediendo la víctima a dicha demanda por miedo a lo que le pudiere ocurrir a sus hijos.
“Que el último episodio de abuso, en el cual el imputado causó un grave daño no solo a nivel psíquico sino a nivel físico de la damnificada (más de 30 días de inhabilitación laboral), ocurrió dentro de los cinco días previos a la denuncia de fecha 20/10/2020 (Hecho Uno)”.
Como segundo hecho de acusación, el Ministerio Publico Fiscal “tiene por probado que dentro de los cinco días previos aproximadamente a la denuncia (octubre de 2021), el imputado arremetió contra la humanidad de su pareja, causándole hematomas en distintas partes del cuerpo, todo lo cual le generaren lesiones de carácter leve, teniendo como fundamento principal del ataque cuestión relacionadas a celos, ataques ocurridos en el interior del domicilio que habitaban (Hecho Dos)”.
Por último, la fiscalía dijo en su acusación tener por acreditado que durante el tiempo que convivieron en el domicilio de Potrero de Los Funes donde la pareja convivía, el acusado “bajo amenazas, privó de la libertad a su pareja”. Según Roche, este hecho se intensificó luego de una reconciliación en 2019 y donde la mujer solo podía salir a la calle con autorización del acusado. (Hecho Tres). En la audiencia de este miércoles, el tribunal escuchó la declaración que realizó la damnificada durante más de una hora, donde ratificó la denuncia que motivó el desarrollo del juicio y cuyas actuaciones se desprenden de una compulsa realizada por el Juzgado de Violencia de la Primera Circunscripción Judicial.
Como fiscal de Juicio actúa Esteban Roche y como abogado de la particular damnificada, Carlos Pereyra Malatini.