Es lo que destacó el Dr. Santiago Ottaviano durante su entrevista con el Centro de Información Judicial, en el marco del Programa “Derecho Constitucional”.
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Durante el viernes 20 y sábado 21 de septiembre, se desarrolló un nuevo encuentro en el Programa de Derecho Constitucional a cargo del Dr. Santiago Ottaviano, quien abordó la temática “Las garantías Constitucionales en el Proceso Penal”. El Doctor en Derecho y Máster en Administración de Justicia Penal, dialogó con el Centro de Información Judicial, sobre su disertación que le dio cita en nuestra ciudad.
En un primer momento el Dr. Ottaviano encuadró el tema de sus clases dentro del programa de estudios, en donde explicó que apunta a distintas cuestiones que tienen que ver con lo constitucional, y otras que tienen que ver con capítulos específicos, “yo diría que los últimos años hay una impronta fuertemente constitucional en la comprensión de todas las ramas del derecho, algunos constitucionalistas hablan de una irradiación del derecho constitucional a todas las ramas del derecho. Esto en materia penal, se ve de una manera mucho más clara, porque partimos de la base de que el poder penal del Estado es lo más grave que el Estado puede hacerle al individuo, dentro de esta lógica hay una preocupación central de proteger al sujeto de los potenciales abusos que esto genera, de allí que es uno de los capítulos más relevantes para empezar a comprender la cuestión penal”, fundamentó.
Además, afirmó que “esta finalidad esencial de garantía aparece plasmada en la Constitución Nacional, fundamentalmente en el Art. 18 de la Constitución Histórica, que es el que contiene el catálogo de las garantías penales más clásicas que se han entendido, pero además con la reforma constitucional del año ’94, hay un conjunto de instrumentos internacionales de derechos humanos que tienen en sí mismos catálogos de garantías penales, algunos referidas como garantías de proceso penal o como garantías sustantivas o cuando se refieren al derecho de la vida privada, al derecho de la libertad, tienen disposiciones específicas que se refieren al problema penal, asique hay un catálogo enorme de garantías penales que de algún modo hace difícil para la aplicados y para el intérprete entender cuál es el alcance de cada garantía, como se compatibilizan las disposiciones de los distintos instrumentos (tratados, constitución histórica)”, expresó el Dr. Ottaviano.
Seguidamente, el profesional en el derecho se refirió a las preocupaciones básicas, directamente relacionadas con las garantías constitucionales en el proceso penal. Al respecto, explicó que por un lado la compatibilización de garantías que aparecen en momentos muy distintos, todos ellos con jerarquía constitucional, y por otro, hay una tensión permanente que está en el derecho penal, que es la preocupación por la inseguridad y por en la lucha contra el delito y el respeto a la persona que está siendo objeto de esa persecución. “Hay una demanda creciente en la sociedad, que el poder penal del estado se ejerza de una manera consistente pero por otro lado, esa demanda corre el riesgo de transformarse en una destrucción de las garantías básicas del individuo, entonces hay que entender bien los parámetros básicos de esta discusión y los presupuestos ideológicos que muchas veces están detrás de las posiciones que ellos asumen”.
Desde su punto de vista, afirmó que la discusión se torna muy extrema y hoy por hoy, “pareciera que sostener y mantener las garantías penales es casi como oponerse a la opinión pública o al interés general, cuando esto no es necesariamente así. Por supuesto que hay que reconocer que hay visiones de las garantías penales, que en el fondo encubren una posición abolicionista, contraria al poder penal y que llevan una aplicación exagerada de las garantías para que no se aplique el derecho penal y básicamente no es la propuesta que hacemos desde este curso, pero sí reconocer que la presión actual, en parte mediática de la opinión pública y en parte de distintos sectores del aspecto ideológico, ambientalistas, feministas, desde los mismos grupos de derechos humanos en que se castiga a ciertos sujetos lleva a una reducción de garantías y esto está dando mucha discusión actual en cuanto a ¿dónde vamos con las garantías? ¿Qué tenemos que preservar, cuáles son los límites mínimos que no podemos negociar y debemos tener para que esto siga siendo un estado de derecho?”, concluyó el Dr. Santiago Ottaviano.