Para la implementación de políticas públicas conforme a la competencia del Ministerio de Inclusión Social.
El Instituto de Capacitación e Investigación del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de San Luis “Dr. Tomás Jofré” celebró un Convenio marco con el Ministerio de Inclusión Social de la Provincia de San Luis con el objetivo de la implementación de políticas públicas conforme a la competencia de dicho Ministerio.
Dicho Convenio fue firmado por el Dr. Federico Tula Barale, -en representación del Gobierno de la Provincia de San Luis y en su carácter de Ministro de Inclusión Social- y la Dra. Lilia Ana Novillo, -en representación del Instituto de Capacitación e Investigación del Poder Judicial de San Luis-.
Uno de las los objetivos que persigue este acuerdo será trabajar desde los tres poderes del Estado, invitando al Legislativo, en la implementación de una política pública, conforme a la competencia del Ministerio de Inclusión Social, partiendo de la convicción de que una ley por si sola no tiene capacidad para concretar el cambio que se propone.
A su vez, se prevé lograr el suficiente sustento político y comunitario que permita los cambios que la sociedad reclama, donde las partes llevarán a cabo la revisión de las leyes de incumbencia del Ministerio de Inclusión Social del Gobierno de la Provincia de San Luis.
A los fines de la ejecución del referido acuerdo, se designó como Miembro Titular por el Instituto de Capacitación e Investigación “Dr. Tomás Jofré”, dependiente del Superior Tribunal de Justicia, a la Dra. María Eugenia Bona y como Miembro Alterno, a la Dra. Mónica Viviana Corvalán.
Por parte del Ministerio de Inclusión se designó como miembro Titular Social de la Provincia, a la Señora Jefa del Programa de Desarrollo y Protección Social, Licenciada María Rosario Bragagnolo, y como Miembros Alternos al Jefe de Área Legal del Ministerio de Inclusión Social, Dr. Ernesto Torres Mathieu, y a la Jefa Área Legal del Subprograma Familias Solidarias, Dra. Claudia Alejandra Jofré.
Será competencia de los miembros, además de representar a las instituciones parte, programar, orientar y coordinar las actividades que se deriven de la implementación de los programas a ejecutarse.
El trabajo conjunto de los Poderes Públicos se realiza en aras del bien común y se inserta dentro de “una democracia participativa y pluralista, adecuada a las exigencias de la justicia”, tal cual se dice en el preámbulo de nuestra Constitución Provincial.