Fue la temática que reunió a integrantes que conforman la Red Nacional de Profesionales de Trabajo Social Forense, quienes mantuvieron un encuentro virtual para compartir miradas y preocupaciones. El Departamento de Trabajo Social del Poder Judicial de San Luis participó de la actividad.
“La práctica forense en tiempos de COVID-19. Institucionalidad de la intervención y legitimidad de la técnica” fue la temática que reunió a profesionales del Trabajo Social el pasado jueves 14 de mayo. El encuentro se realizó de manera virtual y participaron integrantes del Departamento de Trabajo Social del Poder Judicial de San Luis de las tres circunscripciones.
En la oportunidad debatieron acerca de los alcances y límites de la actuación profesional en el contexto de emergencia. A su vez, compartieron preocupaciones con colegas de otras provincias, relativas a la actuación de trabajadores sociales en el ámbito de la justicia. El objetivo fue compartir experiencias, dudas y propuestas sobre las acciones concretas que se están desarrollando.
Participaron de la reunión destacados profesionales del área como: Osvaldo Marcón, Eduardo Ortolanis, Claudia Krmpotic, Ivonne Allen, Karina De Bella, Magdalena Jenny y Andrés Ponce de León.
La licenciada en Trabajo Social, Gladys Amieva, Jefa del Departamento de Trabajo Social del Poder Judicial de San Luis, se refirió a la actividad de la siguiente manera:
¿Por qué se llevó a cabo esta reunión virtual?
G.A.: Como Trabajadora Social, integro una Red Nacional de Profesionales de Trabajo Social Forense y desde allí se organizó un curso online sobre “La Práctica Forense en Tiempos del Covid-19”, que excedió ampliamente nuestras expectativas. Participaron colegas de 14 provincias que trabajan en la justicia y también quienes se dedican a la producción científica sobre la temática.
¿Cuáles son los desafíos que está enfrentando el trabajo social y la administración de Justicia?
G.A.: Son muchos los desafíos y especialmente para nuestro colectivo profesional. Durante el encuentro compartí la experiencia de mi provincia, es decir, desde la práctica social forense en la administración de justicia puntana, con un servicio de justicia totalmente informatizado y despapelizado, con acceso a los dispositivos tecnológicos (Win) y un Protocolo General de Prevención e Higiene abarcativo a operadores judiciales. A su vez, comunicamos que se encuentra a consideración del Superior Tribunal, el Protocolo de Protección y Cuidados de la práctica Pericial del Trabajador Social, el cual fue consensuado por las tres Circunscripciones Judiciales. También, comentamos nuestras pautas de organización para desempeñar la tarea pericial, recurriendo a las nuevas tecnologías y a la construcción de nuevos dispositivos que legitiman nuestra intervención dentro del proceso judicial.
¿Cómo se encuentra San Luis con respecto a otras provincias?
G.A.: Algunas provincias no cuentan con estas herramientas que tenemos en San Luis. Muchas colegas relataron que están en proceso de construcción de protocolos, tanto generales como específicos. Otras, comentaron que en este contexto no peritan, debido a la circulación comunitaria del Coronavirus. Todo el colectivo profesional comparte la misma preocupación: los sectores vulnerables son los más golpeados ante el actual escenario social y esto genera planteos al interior de la práctica laboral pericial.
¿Pudieron llegar a algunas conclusiones?
G.A.: Se debatió sobre la necesidad de seguir profundizando algunas cuestiones que hacen al desempeño de los Trabajadores Sociales en la administración de Justicia. Desde planteos teóricos y metodológicos, se manifestó la necesidad de incorporar a la práctica profesional y laboral nuevas herramientas tecnológicas en este contexto de emergencia.
¿Podría resumir cuál es la tarea del trabajo social en la justicia?
G.A.: Siguiendo la “Guía de intervención pericial del Trabajador Social en la Justicia”, aprobada mediante Acordada 216/19, la tarea que desarrollamos las/ los Trabajadores Sociales en la administración de Justicia, es pericial. Esto quiere decir que intervenimos en la realidad social de las personas (justiciable), en donde transcurre su existencia, es decir, en el contexto micro (familiar) y macro (medio social amplio), observando las condiciones materiales de vida, organización intrafamiliar, destacando los indicadores de bienestar y de riesgo. Cada cuestión social que se judicializa es única y tiene sus particularidades. La información que se reconstruye toma la forma de un Informe Socio-Familiar pericial y se eleva al Juez o Jueza, siendo un medio de prueba dentro del proceso judicial, el cual no es vinculante.
Por ello deseo aclarar que el/la trabajador/ra social, no es “los ojos u oídos del juez”, como tradicionalmente y erróneamente se consideraba. Cada profesión tiene sus propios marcos de interpretación para realizar sus propias valoraciones a la hora de la intervención.
Redacción: M.C.Hang
Corrección: S.Lucero
Colaboración: Gladys Amieva