La jueza María Eugenia Zabala Chacur, en integración unipersonal del Tribunal de Juicio de la Primera Circunscripción, condenó a 10 años de prisión a D.E.F. como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vinculo en perjuicio de su hija menor de edad. El veredicto fue dictado este viernes al mediodía en la Sala Oral N° 2 del segundo piso de los tribunales de San Luis.
Como circunstancias atenuantes, la magistrada consideró la falta de antecedentes condenatorios y como agravantes “la extensión del daño causado en la víctima y la disgregación del núcleo familiar como consecuencia de la conducta asumida por el imputado”. Según lo acreditado en el debate, los abusos se cometieron entre los 9 y 11 años de la víctima y ocurrieron cuando la niña iba a visitar a su padre a la localidad de San Francisco del Monte de Oro, donde el acusado de 36 años residía, en el marco del régimen de visitas que la pareja había acordado.
“El relato de la víctima en Cámara Gesell estuvo marcado por la angustia. Allí contó lo que le hacía su propio padre en distintos horarios entre los años 2019 y fines del 2021, y a lo largo del debate hemos podido acreditar cabalmente que el acusado es el único responsable de los ultrajes reiterados que hubiesen de vulnerar la integridad física, psíquica, sexual de la niña”, dijo en sus alegatos de clausura la fiscal de Juicio, Virginia Palacios Gonella.
Y agregó: “Todo el material probatorio acumulado y producido durante este debate ha sido categórico. Conforma el grado de certeza necesaria para los dictados de una condena donde se pueda ubicar a cada quien en su lugar. ¿En qué lugar? A la víctima en el lugar de víctima y al agresor en el lugar que le compete”.
El abogado del acusado, Facundo Sosa, dijo que las declaraciones tanto de la niña como de la madre eran contradictorias y solicitó el beneficio de la duda por la insuficiencia probatoria en la causa.
Del debate también participaron la Defensora Oficial de Niñez, Adolescencia e Incapaces, Marcela Torres Capiello, en representación de la víctima y la abogada de la querella, Keila González.