En los últimos días, el Juzgado de Familia de Concarán -con competencia en los Departamentos Chacabuco y San Martín-, tomó conocimiento de casos de personas mayores en situación de vulnerabilidad, interviniendo rápidamente para la protección de sus derechos.
El viernes pasado, el Juez titular de la dependencia, Hugo Orozco, se presentó en la institución geriátrica “Joaquín Santa Ana” de Naschel. Allí le comunicaron que los familiares de una mujer alojada en esa residencia no estaban cumpliendo con su deber asistencial.
“Me constituí en el geriátrico para conocer la situación de esta persona, y para saber cómo funciona la residencia, cómo es el manejo de la misma.
La responsable del lugar, Viviana Nogueiras, me explicó cómo es la parte administrativa, y se ofreció a trabajar en conjunto con nosotros para garantizar la protección de las personas mayores ante cualquier tipo de violencia que puedan llegar a sufrir, informando esos casos directamente por teléfono o por mail”.
El hogar recibe a adultos/as mayores que cuentan con prestaciones de PAMI, “pero también vimos la posibilidad de que reciban a quienes cuentan con pensiones nacionales no contributivas”, relató el magistrado.
En esa línea, informó que se contactó telefónicamente con la titular del programa “Incluir Salud San Luis”, María Verónica Di Genaro, a fin de conocer los recursos con los que cuenta dicho programa para ayudar a las personas mayores que requieren asistencia.
También de manera telefónica, el Juez de Familia se puso en contacto con el Jefe de la UDAI (Unidad de Atención Integral) de Anses de Villa Mercedes, Carlos Ferreyra, quien coordina las oficinas de Merlo y Concarán, para acordar el envío de oficios de manera electrónica, y así lograr una comunicación más ágil entre ambos organismos.
Por otra parte, Orozco refirió que desde la Municipalidad de Tilisarao comunicaron dos casos de personas mayores en situación de calle, tomando inmediata intervención: “Primeramente, enviamos a personal policial a constatar dónde se encontraban estas personas. Una de ellas, había conseguido alquilar un lugar para vivir. Por lo que vamos a enviar a una trabajadora social para observar sus condiciones de vida y evaluar si es necesario adoptar otro tipo de medidas.
En el segundo caso, se trata de una persona sola, que no tiene ningún tipo de asistencia económica y cuya familia no vive en la provincia. La persona estaba durmiendo en la calle, por lo que se ordenó su internación en el hospital local, dónde se le está brindando la asistencia médica necesaria. También desde el Área de Desarrollo Social del municipio harán el correspondiente seguimiento, y se han comprometido a conseguirle una vivienda permanente. Y desde el Juzgado, vamos a proceder a la búsqueda de sus familiares para intimarlos al cumplimiento de su deber asistencial. Además de correrle vista al Fiscal por el delito penal que esto pueda configurar”, explicó el Juez.
En ese orden, remarcó que la violencia económica “no está muy visibilizada”, pero que se ejerce de manera frecuente contra quienes están transitando la etapa conocida como “vejez”: “Hay muchos casos en los que los familiares alojan a las personas mayores en hogares o residencias, siguen cobrando la pensión, pero no se ocupan de ellas ni económica ni afectivamente. La familia tiene la obligación de asistir a las personas mayores cuando éstas no pueden valerse por sí mismas. En caso contrario, la justicia puede intimarlos para que cumplan con esa obligación”, señaló Orozco.
En la provincia de San Luis, existen diferentes vías para comunicar y/o denunciar casos de personas mayores en situación de riesgo, vulnerabilidad, maltrato, negligencia o abandono. A saber: policía, juzgados de familia y violencia familiar, Oficinas de Denuncias, Juzgados de Paz, y/o completando el formulario disponible en la página Web del Poder Judicial: https://www.justiciasanluis.gov.ar/?page_id=21605
Redacción: A. González Esquivel
Fuente: Dr. Hugo Orozco