Fue la reflexión de la Abogada Aída Clara Cantero Sosa (Asesora Letrada del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) -Delegación Chaco) quien brindó una entrevista a la Oficina de Prensa del Poder Judicial.
La profesional visitó San Luis en el marco de una exposición sobre “Lenguaje con perspectiva de géneros”, organizada por el INADI, auspiciada por el Honorable Concejo Deliberante y la Escuela de Especialización para Magistrados y Funcionarios y de Capacitación para el personal judicial “Dr. Juan Crisóstomo Lafinur”.
Cantero Sosa analizó cómo el lenguaje puede ayudar a incluir realidades que la norma no contiene. Aclaró que por ese motivo las conquistas legislativas resultan insuficientes y recordó la importancia de la aplicación de la Ley Micaela para “abrazar” esas realidades excluidas. También destacó la preocupación de las tres instituciones organizadoras por hacer efectivas estas normas referidas al género.
Sus palabras resultan necesarias en un contexto nacional de acceso a justicia complejo para las mujeres. Según el informe: “Acceso a la Justicia y condiciones de Desigualdad Social” si bien las mujeres son mayoría a la hora de buscar ayuda o acudir a una institución, a su vez, son las que, con mayor frecuencia, tienen necesidades jurídicas insatisfechas.
El estudio fue realizado en el 2019 sobre la base de 5.722 encuestas en hogares ubicados en aglomerados urbanos de Capital Federal, del Conurbano bonaerense y otras áreas metropolitanas de la Argentina.
Fue desarrollado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Pontificia Universidad Católica Argentina y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (clic AQUÍ para acceder al informe completo).
En tu exposición decís que existe una distancia entre la norma y la vivencia cotidiana de los derechos relacionados al género, ¿porqué creés que se da esta lejanía?
Es multifactorial, porque el lenguaje en sí, no contiene ideología. Quienes componen la ideología del lenguaje somos los hablantes que usamos en formatos específicos, oraciones y los fonemas para darle sentido a lo que queremos decir.
Como eso se da en un contexto social específico, hay situaciones que no pueden ser expresadas en el mensaje comunicacional y que quedan por fuera de esa primera forma de regular las conductas de las personas que es la lengua oral. Allí se produce una discrepancia porque en realidad el lenguaje es “objetivo” en cuanto a los fonemas, los caracteres y los elementos que lo componen, ya que son siempre los mismos, y en todas sus formas: oral, escrito inclusive en lo gestual, que compone el 90% del lenguaje.
Y entonces, cuando hacemos normas jurídicas escritas hay muchas de esas vivencias y realidades que quedan por fuera. Por eso la primera pantalla que vemos en la exposición es “el lenguaje busca decir todo, pero es imposible”.
Es una frase de Deleuze que me gusta mucho porque en realidad habla del devenir, del deconstruirse y cómo el lenguaje, más allá de esa estructura que está dada por dominación y poder de ciertos grupos específicos y hegemónicos, tiene resquicios por donde esas realidades pujan por ser visibilizadas.
Y esto que queda por fuera del lenguaje…
Es lo que hoy vamos a compartir para ver cómo hacemos para acompañar ese proceso social de visibilizar, regular y lograr que se incluya en las normas jurídicas ya reguladas.
La norma siempre viene detrás de lo que ya está socialmente instalado y acá parece que fuera al revés tenemos normas muy avanzadas…
Si y no, aún con las normas avanzadísimas que tenemos en Argentina, que es un ejemplo en Latinoamérica y en el mundo, por ejemplo, la Ley de migraciones que es muy valorada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR). Se destaca por la técnica jurídica que tiene, por los parámetros jurídicos que utiliza y en la realidad vemos los problemas que hay con migrantes y el tema “migrantes” es parte de la problemática de ese “otro”, de ese “extraño” que viene a mi país, que quiere usar mis normas jurídicas para un “nacional”, para un ciudadano/a reconocido/a argentino/a, y esas son las discrepancias y así hay muchas.
Inclusive para los conciudadanos, los habitantes del territorio, hay diferencias y lo vamos a ver especialmente en los grupos vulnerados; mujeres, niños/as, que vos decís “cómo si son argentinos/as” pero están en un estadio inferior de ese grupo hegemónico que domina la norma como herramienta de poder.
¿Qué sería la concepción no androcéntrica del derecho?
La Ley Micaela vino a exponer una gran herramienta, en primer lugar, de capacitación y visibilización, de que esas “otras realidades” existen.
Fijate esta discordancia o incoherencia del sistema ¿cuántas normas de avanzada tenemos? muchas… ¿cómo aplicamos esas normas? y bueno con disparidades… ¿y cuántas otras nos faltan?… un montón. Y aún así en esas normas de avanzada vamos a ver que hay incoherencias en cuanto al rol de la mujer.
La reforma que se hizo en 2012 del advenimiento del Código Penal, ¿cómo? si ya estaba la Ley de protección integral de la mujer desde 2009. ¿Acaso no había una protección integral de la mujer? ¿una protección contra las violencias en todas sus formas? y resulta que seguíamos con el advenimiento que provocó un femicidio en La Pampa, que es por lo cual la ciudadanía se levanta y dice “esto no puede seguir así”. Y ahí se logra modificar algo que no pasó por el “tamiz” legislativo, cuando se hizo la reforma del Código Penal de los delitos contra la integridad sexual. Es decir, ya había cambiado el bien jurídico protegido y seguíamos con ese articulado que permitía esa vulneración de derechos a mujeres en situación de vulnerabilidad en cuanto a su integridad personal y sexual.
O sea que teníamos una ley desde el 2009 que no se terminaba de cumplir
Aún hoy no se termina de cumplir porque en el ámbito laboral recién ahora tenemos el convenio 190 (al que Argentina adhirió este año). Hay muchas provincias, inclusive en Nación, en la legislación que no está específicamente reglamentado, tomado o “entronizado” en las personas la violencia laboral.
Pero ¿cómo si la ley de protección integral ya protege a la mujer en todos sus ámbitos en los cuales desarrolla su vida? Lo laboral es un ámbito y aún estamos dando vueltas con eso.
¿Creés que el lenguaje inclusivo es un camino para lograr esta garantía de los derechos?
En lo académico el lenguaje inclusivo se estudia y se trabaja hace 50 años y ahora se demoniza porque se usa la “e”. La “e” es un elemento del lenguaje inclusivo, no es el único, hay tantas otras herramientas que ayudan a la modificación de realidades discursivas que si o si deben ser acompañadas de otras herramientas. Obviamente la legislación es fundamental. Por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario eran personas con ciudadanía de segunda categoría que no se podían casar y aún ahora tenemos discriminaciones en cuanto a los formatos de familia que subsisten, a pesar de esta ampliación de derechos.
Así que todo eso “puja” por ser dicho, por ser aprehendido en el sistema judicial, que eso es lo que tenemos que trabajar.
Esta capacitación es súper importante porque es una acción concreta del Poder Judicial como poder del Estado, hasta el último Juzgado de Paz de la provincia van a poder decir ¡ah, mira esto es nuevo! Y que la Municipalidad que regula la cotidianeidad y el Concejo Deliberante que es un Poder Legislativo se preocupe por hacer efectiva la Ley Micaela con este tipo de actividades, es importante y no es habitual que un poder del Estado, como el Poder Judicial, acceda a este tipo de capacitaciones y eso hay que destacarlo.