Fue una de las reflexiones de la Senadora Nacional, Dra. Liliana Negre de Alonso, sobre la Reforma del Código Procesal Laboral.
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Luego de su participación en el Congreso Internacional de Derecho Procesal Laboral que se llevó a cabo la semana pasada en la localidad de Potrero de los Funes, la Senadora Nacional, Dra. Liliana Negre de Alonso fue entrevistada por el Centro de Información Judicial.
En la ocasión, la Senadora habló acerca del espíritu legislativo sobre la reforma en el proceso laboral, la seguridad política, plazos y beneficios.
¿Cuál es el espíritu legislativo, para modificar el Código de Procedimiento Laboral?
Creo que de las jornadas salieron distintas opiniones y posibilidades, ya que en algunas provincias tienen muy buen resultado y en otras hay atascamientos. Iniciar un camino de reforma significa tomar todas las conclusiones de este congreso, donde se han escuchado muchas voces. Hay que seleccionar lo mejor de cada uno y poder adaptarlo a nuestra realidad provincial. No es cuestión de copiar solamente, si no saber también, sobre las características vernáculas de la idiosincrasia de la forma de trabajo, que tenemos los puntanos.
En cuestiones de oralización, ¿cree que se mantiene la seguridad jurídica?
Todo lo que sea para que el trabajador recupere sus derechos más rápidos que los haga efectivo, es bueno y bienvenido. La seguridad jurídica se la tienen que dar los jueces, ya que la ley siempre trata de dar seguridad jurídica. El que garantiza la seguridad jurídica, el que tiene el contralor constitucional, es el Poder Judicial. Por eso, es la importancia de que los Jueces estén convencidos y realmente comprometidos con esta causa de la oralidad. Es muy importante escuchar a los Jueces ya que son los que tienen que aplicar la ley.
En el tratamiento de esta modificación procesal, escuchamos que se ve beneficiado el trabajador ¿las empresas también se ven beneficiadas?
La empresa sana y de buena fe, sí, porque tienen un procedimiento, un camino para poder pagarles a sus trabajadores lo que les debe. Lo que la Ley actual pretende, es evitar los abusos que han existido a partir de la crisis del año 2001.
¿Cuál será el paso a seguir para lograr la aplicación de esta reforma?
Una reforma tan importante como esta, primero tiene que lograrse. Todos los sectores involucrados, que son los que están escuchando a todas las posiciones, deben adoptar posiciones.
Después de este Congreso y hasta fin de año, tendrán que venir todas las tareas de naturaleza académica, de los Colegios de Abogados, de los Jueces, de los institutos, de los académicos de la universidad, que están radicados en la provincia de San Luis y que tienen facultades de derecho. No me quiero olvidar de los peritos, ellos tienen que estar convocados a opinar, porque ellos tienen un papel preponderante en el proceso laboral, o sea escucharlos, hay que convocarlos, para que den su opinión, que puedan aportar.
En segundo lugar, una vez redactado el proyecto antes de que entre a la legislatura, se debe macerar, para que cuando los legisladores lo tengan en la mano, los operadores del derecho, de adentro y de afuera del Poder Judicial, estén de acuerdo en los resultados del proyecto. Después, tendrán que dictar las otras leyes para poder poner en marcha la oralidad que lleva un tiempo, pero es un avance importantísimo.
Redacción: G. Campana