Ante un público numeroso, este viernes se llevó a cabo la capacitación sobre “Lenguaje con perspectiva de géneros”, en el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de San Luis (HCD).
La Abogada Aída Clara Cantero Sosa (Asesora Letrada del INADI -Delegación Chaco) expuso durante dos horas sobre perspectiva de género en lenguaje legal, Ley Micaela, leyes que aplican perspectivas de géneros; “micro-machismos”, lenguaje sexista, binario, propuestas de uso, entre otros temas.
La actividad estuvo organizada por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) auspiciada por el HCD y la Escuela de Especialización para Magistrados y Funcionarios y de Capacitación para el personal judicial “Dr. Juan Crisóstomo Lafinur”, en el marco de los convenios suscriptos oportunamente.
Estuvieron presentes el Procurador General de la provincia de San Luis, Luis Martínez, la Presidenta del HCD, Paulina Calderón, y la Delegada Provincial del INADI, Gema Rosales.
“LA PROPUESTA ES CORRERNOS DEL MODELO ANDROCENTRISTA, DE GINOPIA Y DE SEXISMO”
Luego de una extensa exposición sobre los conceptos académicos que sustentan el uso del lenguaje inclusivo, neutro o claro y su relación con la garantía de los derechos humanos y de género, la expositora dijo que la conclusión más importante es “corrernos del modelo androcentrista, de ginopia y de sexismo”. Explicó que “ginopia” es invisibilizar a las mujeres, “androcentrismo” es el ocultamiento de las mujeres y el “sexismo” determina quienes son varones y quienes son mujeres, predominando los varones.
Además, expresó la idea del “devenir” de la vida, es decir, que en algún momento se puede llegar a perder alguna característica que posibilita la pertenencia a un grupo privilegiado de “normalidad”.
“Puedo perder alguna de esas características, por edad, por el devenir de la vida; somos niños, adolescentes, adultos en edad económicamente activa, y después somos adultos mayores”, y agregó que “sólo el devenir de la vida va a determinar en qué estadio de la hegemonía vamos a estar y al resto de la sociedad ni siquiera les tocará eso”. “Pensar en esa otredad, es pensar que hay otras realidades que pujan por ser visibilizadas e incluidas en la vida cotidiana y social”.
En cuanto al uso del lenguaje no sexista brindó las siguientes sugerencias:
- Diferencia el uso del masculino y del femenino y no binari(e) en la designación de profesiones y actividades.
- Evitar en la designación de cargos la identificación de las mujeres y no binari(e) a través de los hombres. Preferir las denominaciones “Señora jueza”, “Señora fiscala”, “Señora concejala”, “peatona”. La palabra “ministra” fue incorporada a la Real Academia Española en 1995 como representante del Estado en un cargo ministerial.
- Insistir en el uso del género gramatical femenino y masculino, no binari(e) en formularios, impresos y documentos administrativos tipo en los que no se conoce de antemano el sexo de la persona.
- Cuando no se posee esta información se propone nombrar en femenino y masculino, no binari(e) mediante el sistema de barras.
- Intentar evitar todas aquellas expresiones, en ocasiones innecesarias, que llevan a uso excesivo del masculino. Preferir el uso de señor/señora ya que “señorita” alude a una situación de inferioridad que heredamos del sistema jurídico español de la época colonial, en donde el hermano mayor decidía cómo se iba a repartir la herencia entre hermanos/as menores.
LENGUAJE CLARO
La capacitadora dijo que el lenguaje claro es una parte de los lenguajes con perspectiva de género, inclusivo y neutro.
Agregó que está regulado en el Código Procesal de la provincia de Buenos Aires y que muchas provincias adoptaron una guía de lenguaje claro en sus poderes judiciales o están capacitando sobre lenguaje claro a los miembros del Poder Judicial porque “ven como una primera aproximación de tener perspectiva de géneros y diversidades, de tener una mejora de la comunicación, para con el justiciable en general”.
Agregó que el uso de lenguaje claro podría redundar en los siguientes objetivos:
- Reducir errores y aclaraciones innecesarias;
- Reducir costos y cargas para el ciudadano;
- Reducir costos administrativos y de operación para las entidades públicas.
- Aumentar la eficiencia en la gestión de las solicitudes de los ciudadanos;
- Reducir el uso de intermediarios;
- Fomentar un ejercicio efectivo de rendición de cuentas por parte del Estado;
- Promover la transparencia y el acceso a la información pública;
- Facilitar el control ciudadano a la gestión pública y la participación ciudadana;
Generar confianza en la ciudadanía, limitar ambigüedades y proveer comunicaciones efectivas.