Fue el eje temático que abordó la Dra. Lilia Ana Novillo en la Primera Jornada Interinstitucional Regional.
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Con el propósito de contribuir a la seguridad y a la paz social, este mañana la Ministro del Superior Tribunal de Justicia, Dra. Lilia Ana Novillo, disertó en el marco de la Primera Jornada Interinstitucional Regional, realizada en la localidad de Quines, auspiciada por la Policía de la provincia de San Luis y el Gobierno de San Luis.
Ante una gran concurrencia la Dra. Novillo abordó la problemática de la violencia de género, afirmando que es en la vida cotidiana donde se reproducen de manera silenciosa la violencia física y simbólica: “No es posible trabajar la violencia y el género como temas separados, porque en la vida cotidiana son problemáticas que surgen en relación… Y en esa forma integral e integrada como tienen que trabajarse”. Asimismo, consideró que para promover el buen trato y las relaciones de equidad entre los sexos es indispensable desnaturalizar los estereotipos de varón y de mujer presentes en nuestra cultura, los cuales fueron inculcados desde la infancia y no se toma conciencia de ello. Es decir, por ejemplo, el caso de no permitir que las niñas jueguen a la pelota porque es un juego sólo de niños.
“Debemos trabajar en forma mancomunada e interdisciplinaria para abordar de manera integral la problemática de la violencia, que tiene su raíz en el imaginario de cómo debería actuar cada persona según su sexo y las relaciones de inequidad que encarnan un reparto desigual de tareas tanto en el ámbito público como en el privado (hogar)”.
Para seguir con esta tarea, el Estado debe ejercer un control responsable de los medios de comunicación para fortalecer el cambio social a partir la promoción de modelos no estereotipados, sexistas y violentos. La educación formal y el campo educativo en general conforman un espacio clave para incluir la reflexión transversal sobre los valores sociales que generan la violencia, para incluir la promoción del buen trato y la equidad de género.
“Hay diferencias en cómo se concibe la violencia y esto incide en los modelos de abordaje. Existe una lucha ideológica, política y cultural sobre cómo denunciar e intervenir ante la violencia de género”, manifestó la Dra. Novillo.
Las respuestas institucionales son limitadas y no se condicen con los compromisos que el Estado Nacional asumió al ratificar la Ley N° 24.632 (Convención de Belem Do Para). Además de la persistencia de la violencia se constata una enorme distancia entre los derechos de las mujeres reconocidos por el Estado, y “el difícil acceso aún a hacer realidad esos derechos”. En continuidad con su exposición, la Ministro realizó una descripción cronológica de cómo surgió y creció este flagelo de la violencia, el cual se visibilizó gracias a los movimientos de mujeres que introdujeron la problemática:
Los ‘80: Reconocer la violencia: En el proceso de reconocimiento de la violencia intervinieron organizaciones feministas, profesionales, el estado y también los organismos internacionales. Se puede considerar una primera etapa a fines de los ’80, cuando algunas profesionales con formación feminista comenzaron a introducir el tema, en especial la violencia conyugal, en ámbitos de la salud, tanto hospitales como instituciones de salud mental.
Los ‘90: La violencia focalizada: Durante la década de 1990 se produce una cierta institucionalización y la formalización de proyectos en algunas organizaciones, muchas veces con financiamiento internacional; también comienzan los primeros programas estatales, sobre todo a nivel municipal. “Si se comparan los enfoques de esta década con la anterior, puede observarse que mientras en los años ´80 se insistía en mostrar la unidad o matriz común de todas las formas de la violencia de género, los discursos de los años ´90 están focalizados en sus manifestaciones particulares: violencia doméstica, violencia sexual, etc.”, explicó la disertante.
En esta segunda etapa comienzan a visualizarse la problemática de la violación y -en menor medida- el acoso sexual.
Fines de los ’90 al presente: A fines de los años ’90 comienzan a incluirse nuevos temas dentro de la violencia de género, entre ellos los femicidios y la prostitución.
En definitiva, a partir de este recorrido se puede decir que hoy se atraviesa otro momento como sociedad. El análisis del proceso de estas últimas décadas muestra las diferentes formas en que los distintos actores –movimiento de mujeres y estado- nombran y encuadran la violencia contra las mujeres, lo que da cuenta de un campo de conflicto pero también de convergencias. En este sentido, “creo que estamos superando la visión fragmentada de la violencia hacia las mujeres, que es la visión patriarcal. Hay mayor conciencia de la raíz estructural de la violencia de género y de la profunda articulación entre sus distintas manifestaciones, frente a las cuales las respuestas tienen que ser amplias, integrales, ubicando la violencia hacia las mujeres como un tema de ciudadanía y de democracia.
Al respecto, la Dra. Novillo consideró que se deben integrar las perspectivas de género y violencia de forma transversal en la construcción de abordajes completos, que asuman la problemática desde la complejidad de las redes sociales, resulta fundamental para sustentar políticas públicas de transformación fuerte y efectiva.
En las diferencias entre los géneros (conjunto de características y atribuciones que cada sociedad y cada cultura le asignan a los seres humanos en función de su sexo) puede observarse la importancia que adquiere la clave sexo-género para comprender y repensar las políticas públicas. Las relaciones de género pueden ser definidas como los modos en que la cultura asigna funciones y responsabilidades a las mujeres y a los varones, lo que determina los modos de acceder a recursos materiales (tierras o créditos) o a recursos intangibles como es el poder político. El género está vinculado con el sexo sólo imaginariamente y no con mandato de la naturaleza.
La restricción de derechos a las mujeres es histórica, multicultural, y se expresa especialmente en la división entre el espacio público y privado. Se trata de un sistema jerárquico que mantiene y reproduce estereotipos adjudicados de forma excluyente a varones y mujeres. “Las mujeres soportamos cotidianamente violencia estructural, que se manifiesta en la segregación en el acceso a recursos alimentarios, sanitarios, educativos y culturales”.
El Estado y las políticas públicas constituyen el ámbito en el cual se deberían abordar de manera coordinada y planificada las acciones que contribuyan a producir cambios estructurales para lograr modificar las relaciones de desigualdad que hacen a la relaciones de violencia. La política pública debería proponer acciones concretas para el abordaje de la violencia, siendo tres de ellas, la prevención, la justicia, la asistencia y la reparación.
Si bien la mayoría de las víctimas de la llamada “violencia familiar” son mujeres, un nuevo registro del Programa Las víctimas contra la violencia, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación (2008), revela que el 26 por ciento de las víctimas son mujeres menores de 19 años; es decir, 1 de cada 4 personas que viven situaciones de violencia son niñas y adolescentes.
Existen normas internacionales, nacionales y provinciales de protección a niños y niñas ante la violencia como la Convención de los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional, y que se refiere a la necesidad de articulación con los distintos sectores. Asimismo, recordó que la Ley de Violencia Familiar amplía y obliga a todos los ciudadanos que pueda tomar contacto con el hecho de violencia; además, aumenta las cargas cuando quien tiene conocimiento está en contacto con la víctima por sus funciones. “Es importante clarificar las obligaciones, responsabilidades y deberes de cada órgano frente al conocimiento de un hecho de violencia “familiar” de los sectores de salud, educativos, municipales. Las autoridades policiales están obligadas a tomar las denuncias sobre estos hechos cuando son comunicados”, aseveró.
Finalmente, para concluir la Dra. Novillo dejó la siguiente reflexión: “Las políticas públicas tienen la misión de favorecer que las personas conozcamos otras posibilidades de vivir” y que el abordaje a la violencia de género debe realizase en forma integral para emprender acciones que contribuyan “… a pensar la política pública para erradicar la violencia y la desigualdad social, y para avanzar en la construcción de vínculos fraternos y equitativos”.
Redacción: S. Lucero
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