Es la temática que se abordó en el Ciclo de Diálogos Federal que se llevó a cabo el 25 y el 26 de agosto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los días 25 y 26 de agosto se llevó a cabo el Ciclo de Diálogos Federal en la Facultad de Derecho de la UBA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El evento fue organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y UNICEF.
En representación del Poder Judicial de San Luis asistieron las Dras. Virginia Palacios -Jueza de Instrucción Nº 3-, Estela Bustos -Jueza de Familia y Menores Nº 1- y Laura Molino -Secretaria del Juzgado de Familia y Menores Nº 2- de la Primera Circunscripción Judicial. Asimismo, participaron representantes de Poderes Ejecutivos y Judiciales de todas las provincias y miembros de ONGs y especialistas.
El objetivo de este ciclo de encuentros es proponer un proyecto de reforma de la Ley 22.278 sobre responsabilidad penal de menores conforme a los estándares internacionales, particularmente acorde a la Convención de los Derechos del Niño y a la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Personas Adolescentes (Ley 26.061). El desafío planteado es construir un régimen penal juvenil en el cual el Estado realice un abordaje adecuado y temprano, mediante su intervención eficaz e inmediata en cada uno de los casos, otorgándoles protagonismo a los jóvenes en la sociedad.
Para que el resultado sea producto de una acción colectiva y mancomunada participaron Jueces, Secretarios, Fiscales, Defensores, Directores de Institutos de Menores y autoridades de las diversas reparticiones administrativas dedicadas a la temática, quienes aportaron distintas posturas en virtud de la experiencia que a cada uno le toca vivir diariamente.
Durante las jornadas los profesionales invitados expusieron sobre temáticas claves a tener en cuenta en la reforma que se pretende realizar, entre los cuales se destacaron: sistema especializado en justicia penal juvenil, medidas alternativas al proceso judicial y a la privación de libertad, delitos y sanciones especializadas acordes a los estándares internacionales y nacionales en materia de niñez y adolescencia, edad de imputabilidad y estructuración de centros de privación de libertad conforme a los estándares internacionales. Estos contenidos sirvieron como “disparadores” y se abordaron en distintas mesas de diálogo, a fin de extraer lineamientos básicos y consensos entre los representantes de las distintas provincias.
Cabe recordar que actualmente la Ley sobre responsabilidad penal de menores no resulta compatible con la normativa internacional de derechos humanos. Por otro lado, tampoco existen protocolos unificados entre las provincias para el tratamiento que recibe un adolescente que comete un delito, dado que cada una elabora su propio régimen procesal penal y no existe una ley marco que regule adecuadamente estas situaciones.
Redacción: M.C. Hang
Corrección: J.N. Sanchez
Fuente: Dra. Molino