También fue acusado por haber ingresado sin permiso a la propiedad de la mujer. La imputación de los delitos se realizó este martes durante la audiencia de formulación de cargos en la que Agustina Dopazo Samper, Jueza –subrogante- de Garantías Nº 3 de la Primera Circunscripción Judicial, resolvió imputar a Mauricio Damián Vega por los delitos de violación de domicilio (dos hechos) y coacción (dos hechos), todos en concurso real.
A Vega se lo acusa de ejercer presión y amenazas contra su ex pareja y de ingresar sin autorización a su domicilio en dos oportunidades
La acusación estuvo a cargo de la Fiscal Adjunta Antonella Romagnoli, de la Fiscalía de Instrucción Penal en Género, Diversidad, Infancias y Adultos Nº 1., en tanto que Vega fue representado por la Defensora Oficial en lo Penal Nº 2, Nadia Agúndez.
Según expuso la Fiscalía, el 7 de abril la víctima regresó a su domicilio y advirtió que la reja de una ventana estaba forzada y con los extremos abiertos. Al ingresar, encontró al imputado durmiendo en una de las habitaciones. Tras una discusión, la mujer le pidió que se retirara, recordándole que estaban separados desde hacía tiempo. Vega finalmente se fue del lugar.
Sin embargo, entre el 7 y el 14 de abril, el imputado volvió en varias ocasiones al domicilio de la víctima, donde —según denunció la víctima— la amenazó y la coaccionó, diciéndole que si no retomaban la relación, se quitaría la vida o destrozaría la vivienda.
Finalmente, el 14 de abril al regresar a su casa, la mujer encontró a Vega parado sobre una de las ventanas, atado a la reja con un cable blanco conectado a un reflector encendido, el hombre le manifestó que si no lo dejaba entrar, se quitaría la vida. La víctima logró llamar a la policía, que procedió a su detención.
En función de estos hechos, la Fiscalía solicitó la imputación de cargos contra Mauricio Damián Vega y propuso como medidas coercitivas mientras avanza la investigación, que el imputado firme el libro de procesados del 1 al 10 de cada mes ante la Fiscalía de Género Nº 1 durante cuatro meses, que se le prohíba salir de la provincia por 120 días y que realice tratamiento psicológico y contra las adicciones.
Por su parte, la defensora oficial no planteó objeciones, al considerar que no existían nulidades ni irregularidades en las actuaciones, y que las medidas propuestas eran de las más moderadas previstas en el Código Procesal Penal.