La Jueza del Juzgado de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia N° 3 de San Luis, Ana Belén Villegas, fue convocada por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y la Embajada Británica, a participar de la mesa de diálogo “Estrategias jurídicas para promover la autonomía económica de las mujeres”.
La Magistrada fue invitada a raíz del fallo que en agosto del 2023 aplicó el índice de canasta de crianza en una demanda por alimentos.
CARGA MENTAL: LA CANASTA DE CRIANZA DEBERÍA EXTENDERSE HASTA LOS 18 AÑOS
Fue la crítica que la jueza realizó al “índice de crianza”. “Este índice está formulado hasta los 12 años; a los 13 años comienza la adolescencia legalmente y entonces este índice no se aplica más”.
La “canasta de crianza” es una herramienta publicada en julio de 2023 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) y busca brindar referencia de los gastos correspondientes a las necesidades de alimentos, bienes y servicios (vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etc.) e incluye una estimación del costo del tiempo del cuidado. Los montos se especifican por rango etario de 0 a 12 años.
Villegas explicó que, si bien a partir de los 13 años se aplica el índice de canasta básica, este no tiene agregado el cuidado personal. “El fundamento es que en un principio en un adolescente el cuidado personal de la madre no es tan presente como en un niño entonces ¿por qué se tendría que cubrir económicamente?”.
“El cuidado personal hasta los 18 es seguro, o sea, obviamente que a medida que va aumentando la edad del adolescente la presencia física de la madre va a disminuir, pero no significa que no haya un cuidado personal” manifestó la Magistrada y agregó que en estos casos el cuidado personal es un desgaste mental, más que una cuestión física.
El desgaste mental es el “tiempo mental” destinado a la crianza que tiene un valor económico ya que es otra forma de cuidado que implica el apoyo emocional y el acompañamiento de un/una adolescente.
“Yo planteé que ese índice tendría que considerar ese cuidado personal tal vez en menor porcentaje, pero debería extenderse hasta los 18”.
“QUE EL HECHO DE SER MADRE Y SER PROFESIONAL NO SEAN COSAS CONTRADICTORIAS”
La jueza explicó que, si bien la aplicación del índice de crianza tiene como principal objetivo mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes, beneficia secundariamente a las madres.
“Secundariamente están los gastos de este cuidado personal, que tiene la madre, es decir, indirectamente beneficiamos a la mujer a nivel económico para que pueda crecer profesionalmente y tener autonomía económica”.
Por ese motivo otro de los objetivos fue cómo continuar con la aplicación del índice y fomentar su utilización.
PROBLEMÁTICAS COMUNES
Villegas expresó que se sintió muy identificada ya que todas las juezas “comentaron que sufren maltrato, sufren violencia que es lo mismo que sufrimos acá en este fuero sobre todo por parte de hombres, por acusarnos de feministas”.
La Magistrada puntana dijo que la jueza de Lomas de Zamora planteó las recusaciones como un problema al que están expuestas en el fuero familia. La Magistrada lomense expresó que estas recusaciones se dan porque los abogados consideran que hay un exceso en la aplicación del índice de crianza cuando este no se solicita.
“Explicamos porqué consideramos que debe aplicarse, aunque no lo solicitan, más allá de que nosotros trabajamos de oficio tenemos un principio de congruencia más flexible en lo que es el fuero familia considerar que la obligación alimentaria es una obligación de valor y no de dinero”.
La jueza manifestó que la obligación de valor es una dimensión económica que generalmente se traduce en dinero, pero no es un monto fijo, como por ejemplo la cuota alimentaria que debe cubrir alimento, educación, salud, etc. Villegas explicó que ese monto lo determina el juez o la jueza al momento de la sentencia.
SOBRE LA ACTIVIDAD
La reunión se realizó el 5 de marzo en la embajada británica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue organizada por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Embajada Británica.
ELA es una organización sin fines de lucro que se dedica a promover derechos para la igualdad de género.
Participaron personalidades destacadas del ámbito jurídico como Marisa Herrera, Natalia De la Torre y Victoria Famá; juezas y jueces de diversas instancias de Villa la Angostura, Neuquén Capital, La Paz (Entre Ríos) Necochea, Daireaux y Lomas de Zamora (provincia de Buenos Aires), Rosario, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Corrientes. Además, estuvieron presentes integrantes del Ministerio Público Fiscal de CABA y de los siguientes organismos: Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Red Mujeres para la Justicia, Federación Argentina del Colegio de Abogados, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Avellaneda y Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF).
El objetivo del encuentro fue intercambiar estrategias para promover el empoderamiento económico de las mujeres a través de mejores decisiones por parte del Poder Judicial en casos que involucran reclamos de alimentos y pensiones alimenticias, donde el “índice de cuidado” se utiliza como estándar relevante para la toma de decisiones.