Recibió sumas de dinero para concretar compras de automóviles que nunca fueron entregados.
La estafa, un delito contra la propiedad que se comete con ánimo de lucro. Los estafadores mediante el engaño introducen a otra persona a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Por este delito es juzgado M.A.S en perjuicio de dos ciudadanos.
La primera audiencia del debate oral se realizó hoy en la sala de juicios orales N° 1 de la Segunda Circunscripción. El tribunal estuvo conformado por los Dres. Virna Milena Eguinoa, Sebastián Cadelago Filippi y Hernán Herrera. Como Fiscal de Cámara, el Dr. Néstor Lucero y como defensa el Dr. Pascual Celdrán. El imputado participó desde el Servicio Penitenciario Provincial.
Luego de la lectura de la acusación fiscal, la defensa del acusado presentó cuestiones preliminares. Solicitó a la Excelentísima Cámara la suspensión del juicio a prueba y ofreció un resarcimiento económico para los damnificados y tareas comunitarias. En el caso de que no se haga lugar a lo solicitado, pidió un plazo de 48 hs para presentar nuevas pruebas a los fines de que su pupilo realice un efectivo ejercicio defensivo.
Por su parte, el Fiscal de Cámara expresó que se trató de un planteo atípico, rechazó la solicitud de la defensa y manifestó que no se reúnen los requisitos del Art. 76 (Código Penal) ya que el acusado posee imputaciones: “No corresponde la aplicación del instituto de la suspensión del juicio a prueba” dijo. Asimismo agregó que la ineficacia defensiva no se la puede atribuir al tribunal. Solicitó la continuidad del debate.
El tribunal dispuso pasar a un cuarto intermedio hasta mañana viernes a las 9.30 hs.
Los hechos
El acusado es investigado por dos hechos de ilícito contra la propiedad, calificados como estafa. Dos ciudadanos le entregaron dinero a M.A.S como cuotas de un plan de ahorro a los fines de adquirir dos automóviles que nunca fueron entregados.
En uno de los casos la transacción comenzó en diciembre de 2015 y el otro en agosto del 2016.
El acusado hizo creer a los damnificados que era propietario de una concesionaria, que nunca estuvo habilitada por la municipalidad ni inscripta en el Registro Público de Comercio. Asimismo, los contratos de plan de ahorro tampoco estaban registrados. Este, recibió sumas de dinero sin entregar los rodados pactados y beneficiándose económicamente. Según la acusación de primera instancia, el despliegue fue realizado con pleno conocimiento y voluntad de engañar y causar perjuicios patrimoniales.
Redacción: D.Zambrano
Corrección: G.Campana