Una psicóloga que durante diez años trabajó en la Jefatura de Policía de San Luis comenzó a ser juzgada este lunes por la Cámara Penal N° 2, acusada de solicitar y cobrar órdenes de la Dirección de Obra Social del Estado Provincial (DOSEP), usufructuando la institución policial en beneficio propio como si estuviese en el ámbito privado.
La profesional presuntamente requería las órdenes médicas para expedir certificados de aptitud psicológica a los efectivos policiales que iban a postularse a los ascensos dentro de la fuerza, entre los meses de enero a septiembre de 2014.
Para la justicia, la conducta de la imputada está encuadrada en el artículo 265 del Código Penal Argentino “negociaciones incompatibles con la función pública”, y por lo que el Fiscal de Instrucción solicitó una condena de un año de prisión y la inhabilitación perpetua.
La primera jornada del debate oral se desarrolló de forma semipresencial y declararon cuatro testigos. El tribunal, conectado de forma remota a través del sistema de videoconferencia Cisco Webex, estuvo integrado por el Dr. Hugo Guillermo Sáa Petrino, la Dra. Sandra Erlich y el Dr. Fernando de Viana.
El resto de las partes que intervienen en la causa son: el Fiscal de Cámara, Dr. Fernando Rodríguez, el Defensor Oficial, Dr. Esteban Salas y la Dra. Velia Guil, que actúa en representación del Estado Provincial.
Mañana a partir de las 9:30 horas, el tribunal recepcionará los alegatos de cada una de las partes.