Desde este martes a las 10 la justicia comenzó a juzgar a Jorge Emiliano Barroso, imputado como presunto co-autor del delito de “homicidio en ocasión de robo, agravado por alevosía y el concurso premeditado de más de dos personas”, en perjuicio de quien fuera el jefe del Programa Provincial VIH-Sida, Antonio Ferrara, en un hecho ocurrido el 3 de noviembre de 2010.
Por este caso, en 2016, la Cámara Penal N° 1 juzgó y condenó a prisión perpetua a Walter Emanuel Ferreira, por encontrarlo culpable del delito de “homicidio calificado por la alevosía criminis causae”. Los jueces consideraron que el hombre de 28 años en complicidad con otra persona, mataron para ocultar un robo. La misma condena solicitó la Fiscalía para Barroso.
La primera jornada se realizó de manera virtual y fue transmitida a través del sistema de video conferencia Cisco Webex. El acusado siguió el desarrollo del proceso desde la Penitenciaría Provincial. No obstante, desde mañana las audiencias se realizarán de manera presencial en la Sala de Debate Oral Nº 1, bajo estrictos protocolos de seguridad e higiene.
Dicha medida fue solicitada por los abogados defensores, Marcos Juárez y Ramiro Rubio, durante la presentación de las cuestiones preliminares. De acuerdo a lo anunciado por los profesionales, Barroso declarará este miércoles en el debate. También se recepcionarán las primeras testimoniales de los/las testigos/as admitidos/as en la causa. A lo largo de los diez días que durará el proceso, se prevé la declaración de 130 personas.
El tribunal a cargo del caso está conformado por dos jueces y una jueza del fuero civil de la Primera Circunscripción: Javier Ayala, quién será el presidente, y Federico Lucero Gagliardi, ambos de la Cámara Civil, Comercial, Minas y Laboral N° 1; y Mónica Ponce de Xacur, de la Cámara Civil, Comercial, Minas y Laboral N° 2.
Esta conformación se debe a que las Cámaras Penales N° 1 y N° 2 se excusaron de intervenir y de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica de Justicia en su artículo 23, el orden de subrogaciones dispone que el tribunal deberá ser reemplazado por “los Jueces de Cámara Civiles, Comerciales, Minas y Laboral de la misma Circunscripción Judicial”.
La fiscal es Marcela Torres Cappiello y la secretaria, Isabel Olguín Yurchag.
El caso
Antonio Ferrara fue encontrado sin vida en su domicilio del Barrio Lucas Rodríguez, el 3 de noviembre de 2010. Estaba maniatado y amordazado. Los informes forenses determinaron que murió por asfixia de sus vías aéreas superiores. La víctima tenía 48 años, era bioquímico y estaba a cargo del programa provincial VIH-Sida del Ministerio de Salud del Gobierno de San Luis.
Las aberturas de la casa no habían sido forzadas según consta en las actas de procedimiento y las tomas fotográficas. La madre de la víctima denunció la sustracción de una computadora portatil, un reloj y otros elementos de valor.
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